Juez ordena la apertura de juicio oral a Vélez y dos exconcejales de Calasparra por prevaricación y malversación

La acusación pública solicita penas que suman 8 años y 6 meses de prisión y conllevan hasta 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, en un auto notificado este martes, ha ordenado la apertura de juicio oral a José Vélez, alcalde de Calasparra entre 2017 y 2019, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz, coincidiendo con los encierros matinales organizados por el Ayuntamiento con ocasión por las fiestas patronales.

Cabe recordar que Vélez abandonó la Alcaldía del municipio para ser nombrado en 2020 delegado del Gobierno en la Región de Murcia, cargo que ostentaría hasta 2023. Desde 2021 es secretario general del PSOE de la Región.

Junto al exregidor, el juez ha ordenado la apertura de juicio oral a los dos concejales de Festejos que se sucedieron en las mismas fechas, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, y el administrador de una mercantil, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras la conclusión de la investigación el pasado septiembre, el fiscal presentó un escrito de acusación por los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental en el que solicitaban penas que suman 8 años y 6 meses de prisión y conllevan hasta 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el caso del exalcalde y los dos exconcejales.

Penas que la acusación popular concreta en 12 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa continuada y 8 años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización conjunta y solidaria por el perjuicio causado al Ayuntamiento de Calasparra. En concreto, la cantidad fijada por la acusación pública asciende a 249.630 euros y la acusación popular eleva esa cifra a 367.096 euros.

Según el auto, contra el que no cabe recurso, la investigación se centraba en las relaciones jurídicas del consistorio con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria que se celebraban por la tarde.

El Ayuntamiento de Calasparra habría abonado con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado, bien por tratarse de pagos directos a una empresa por facturas que carecen de justificación --y que el Ayuntamiento tampoco requirió--, bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada, explicaba el magistrado en el auto de conclusión de la instrucción.

"De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019", señala el auto, que, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.