El juez procesa a Vélez por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en su etapa como alcalde

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, en un auto notificado este jueves, ha acordado que continúen las actuaciones contra el exalcalde de Calasparra, José Vélez; los exconcejales de Festejos Jordi Arce y Antonio José Merino y el administrador de una mercantil, por su presunta participación en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con ocasión de la organización de los festejos taurinos de la Feria Taurina del Arroz.

Cabe recordar que Vélez abandonó la Alcaldía del municipio para ser nombrado en 2020 delegado del Gobierno en la Región de Murcia, cargo que ostentaría hasta 2023. Actualmente, es secretario general del PSOE de esta comunidad autónoma y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea.

En concreto, las diligencias se centran en las relaciones jurídicas del Consistorio con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas en la Feria que se celebraban por la tarde, para las que existió, según las actuaciones practicadas, un convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento; un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto, en el que el precio a abonar era de 37.000, y un contrato menor de 15.000, en 2019.

El magistrado, tras concretar cronológicamente los hechos objeto de investigación, describiendo cada una de las cantidades satisfechas por el Consistorio, ha resumido que en los tres años se observa cómo el Ayuntamiento de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado", bien por tratarse de pagos directos a la su empresa por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, una actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada.

"De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019", señala el auto, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJMU) en un comunicado.

Los hechos relatados, "sin perjuicio de posterior calificación", pudieran presuntamente constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, apunta el documento, que concluye que las diligencias practicadas hasta la fecha "evidencian que existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a los investigados de forma indiciaria", por lo que procede seguir con el procedimiento penal.

Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El auto no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.