La Ley de Protección de la familia contempla regular una renta estandarizada

Imagen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 31 octubre 2018 12:09

Recoge un extenso catálogo de recursos, servicios y ayudas económicas

MURCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Familia que establece el marco jurídico de protección y apoyo de manera específica a las que necesitan una especial protección, así como un extenso catálogo de prestaciones y ayudas económicas, servicios y recursos de apoyo.

Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, quien ha confirmado que se trata de la primera ley de estas características en la Región, aunque ya existe en otras cuatro comunidades autónomas. El objetivo es "apoyar un pilar básico en la sociedad como es la familia", ha ratificado.

Entre las novedades de esta Ley, que afectará a todas las familias, destaca la regulación de la Renta Estandarizada. Su objetivo es conseguir la protección de todo tipo de familias teniendo en cuenta que un mismo nivel de ingresos no ofrece la misma capacidad económica a unidades familiares con diferente composición y número de integrantes.

Los criterios de la renta estandarizada serán aplicables a las ayudas económicas o a los servicios de apoyo a las familias en los que el nivel económico de renta de la unidad familiar actúe como condición de acceso o como criterio para la determinación de la cuantía de la prestación o de la cuantía de la participación económica en el pago del servicio.

En cuanto a la protección a la maternidad, se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. Además contempla el compromiso de la Administración regional de promover una red de puntos de lactancia materna de acceso libre.

ATENCIÓN PRIORITARIA

En el nuevo texto se regulan las familias de especial consideración, aquellas que deben tener una atención prioritaria o específica en los programas y actuaciones diseñados por el Gobierno regional, por requerir medidas singularizadas derivadas de su situación social o familiar. Tendrán esa consideración las familias numerosas, las monoparentales, las familias con personas con discapacidad, mayores o personas dependientes a su cargo; así como las familias en situación de vulnerabilidad.

La ley establece prestaciones y ayudas económicas por hijo a cargo, por adopción o acogimientos remunerados, por parto múltiple, por hijos nacidos con daños que requieren atenciones especiales, o por persona en situación de dependencia a su cargo.

También se establecen servicios y recursos de apoyo, como los de intervención y orientación familiar, Puntos de Encuentro Familiar, fomento de la paternidad/maternidad positiva, carné familiar y el Servicio de Mediación Familiar. En cuanto a las familias numerosas, se incluyen medidas específicas de tipo fiscal (exenciones y bonificaciones) y medidas sectoriales en materia de vivienda, educación y empleo.

La norma establece medidas para la conciliación, con especial atención a las mujeres embarazadas y a las familias monoparentales con hijos de corta edad. Así mismo, propone la creación del Servicio de Mediación Familiar para ayudar a resolver conflictos, cumpliendo así uno de los compromisos del Gobierno regional para esta legislatura.

El anteproyecto establece la participación social de la familia en la toma de decisiones políticas mediante el Consejo Asesor Regional, la Comisión Interdepartamental y el Observatorio de la Familia de la Región.

El texto será remitido ahora para su consulta, dictamen o informe a las secretarías generales de las distintas consejerías, Dirección General de Administración Local, Mesa de Apoyo al Tercer Sector, Consejo Autonómico de Relaciones Laborales y Consejo de Salud de la Región de Murcia.

Arroyo ha confirmado que el trámite será el "habitual de cualquier ley que pasa por el Consejo de Gobierno". Ahora tendrá que pasar los informes del Consejo Jurídico, del Consejo Económico y Social (CES) y, posteriormente, se remitirá de nuevo al Consejo de Gobierno.