CARTAGENA (MURCIA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El próximo viernes, a partir de las 10.00 horas, en la Audiencia Provincial de Cartagena, comienza el juicio contra el acusado de tratar de matar a un hombre a las puertas de un comedor social de Cartagena. El fiscal ha pedido para este individuo una pena de 9 años y 10 meses de cárcel.
Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el acusado, mayor de edad y con antecedentes pero no computables a efectos de reincidencia, y la víctima se encontraron a la salida de un comedor social situado en la calle Juan Fernández de la ciudad portuaria.
La víctima le pidió al acusado un dinero que le debía y éste, con ánimo de causar la muerte o aceptando la posibilidad de que ésta se produjera, le asestó dos puñaladas con una navaja de seis centímetros de hoja, una en el cuello y la otra en la zona lumbar, debiendo intervenir los trabajadores del dentro para separarlo.
A consecuencia de estos hechos, resultó lesionado presentando herida inciso punzante en región lateral izquierda del cuello, de dos centímetros, y una herida inciso contusa en región lumbar de aproximadamente 15 centímetros, superficial, que requirió primera asistencia facultativa y sutura con cuatro puntos en la herida del cuello.
Para su curación han sido necesarios diez días, de los que dos han sido de perjuicio moderado y ocho básicos. Además, presenta secuelas por perjuicio estético valoradas en dos puntos, según informe médico forense.
Según el mismo informe, la herida en la región cervical sí pudo haber puesto en peligro la salud y la vida del perjudicado. Por otro ello, el perjudicado reclama la indemnización que le pudiera corresponder por estos hechos.
Por auto de 10 de septiembre de 2020 se acordó la prohibición al acusado de acercarse o aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, a su domicilio, persona u otro lugar donde se encuentre, con prohibición de comunicación por cualquier medio.
El fiscal, por los hechos descritos, pide imponer al procesado la pena de 9 años y 10 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial de privación del derecho de sufragio pasivo por todo el tiempo de la condena; y la pena accesoria de prohibición de aproximarse a la víctima o mantener contacto con él 8 años después de exceder la pena de prisión.
Finalmente, reclama que indemnice a la víctima en 460 euros por las lesiones ocasionadas y en 1.624 euros por las secuelas, más los intereses legales.
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