CARTAGENA (MURCIA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles la modificación de la ley de la Transparencia para sustituir el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de la Transparencia. El cambio supone la sustitución de los 18 miembros que formaban el Consejo por un único profesional. La aprobación se ha realizado con los votos a favor de PP y VOX en una sesión que ha sido una continuación del Pleno de la semana pasada, donde no pudo llevarse a cabo la votación y tuvo que suspenderse tras la expulsión del diputado de Podemos Víctor Egío del hemiciclo.
La modificación de la ley supone la desaparición del actual Consejo de la Transparencia que pasa a ser sustituido por un profesional del sector privado, que propondrá VOX y que será designado por la Asamblea Regional por cuatro años. Tal y como expusieron en la sesión anterior los portavoces de PP y de VOX en la Asamblea, Joaquín Segado y Rubén Martínez, respectivamente, este profesional deberá ser "imparcial, sin afiliación a ningún partido político, elegido por la Asamblea Regional, deberá ser comisionado a jornada completa, en exclusiva y dedicado en cuerpo y alma a su labor".
Desde el PP, Segado ha asegurado que "es una reforma buena para garantizar la transparencia y la independencia del órgano", que resolverá las consultas que se planteen frente a las reclamaciones de acceso a la información pública.
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha señalado que esto servirá para "homogeneizar la información que la Administración Pública pone al servicio del ciudadano, así podremos evitar comportamientos como determinados grupos políticos que anuncian iniciativas en la Asamblea por cientos y podremos exigir que se publique la información como la asistencia que tienen determinados diputados a esta Asamblea Regional y que no seamos objeto de bulos y para que no oculten con discursos victimistas la verdadera realidad de esta Asamblea o de cualquier cargo público".
La diputada de Podemos María Marín considera que con esta medida PP y VOX han aprobado "la creación de un chiringuito como pago a la ultraderecha por mantener al señor López Miras en su poltrona que iba a llamarse Defensor del Pueblo y que finalmente se ha llamado Comisionado de la Transparencia". La parlamentaria ha recalcado que este profesional cobrará 80.000 euros anuales y que supondrá también la creación de "cinco contratos a dedo que nos va a costar a la ciudadanía de Murcia casi 600.000 euros al año".
Desde el PSOE, Lola Jara, ha asegurado que PP y VOX "han acabado con la transparencia para gestionar la Comunidad Autónoma a su libre albedrío, como si fuera un chiringuito. Nuevamente, la ultraderecha marca el paso en nuestra Región y el PP claudica ante Vox". En ese sentido, ha dicho que lucharán "con todos los recursos a nuestro alcance para evitar el perjuicio que esto supondrá a los ciudadanos de la Región en su derecho democrático a la información pública y las normas de buen gobierno. Sin transparencia no hay democracia".
CONCIERTOS SOCIALES
Además de eso, el Pleno ha aprobado una proposición de ley para incrementar el importe de las plazas y servicios que corresponden a los conciertos sociales de los sectores del menor y de reforma. Esta propuesta surge del PP, la diputada de este grupo, Maruja Pelegrín, ha recordado que se han revisado y actualizado los convenios suscritos en 2021 y 2022 para "dar estabilidad económica a esos 500 profesionales", ha dicho señalando que esta ley era "necesaria; esta ley tiene efectos retroactivos desde el día en que entra en vigor el cuarto convenio, es decir, desde el 1 de enero".
Desde VOX, María Eugenia Sánchez ha advertido que los más de 500 trabajadores de estos servicios llevan desde principio de año esperando el pago de las mejoras salariales establecidas. "Apoyamos las reivindicaciones de los trabajadores, pero defendemos también la responsabilidad en la gestión de estos servicios y en el control del gasto público", ha dicho.
La socialista Toñi Abenza ha indicado que con esta propuesta los trabajadores de los centros puedan "por fin, cobrar 6 meses después de la aprobación del Presupuesto, cobrar lo que merecen. Esta situación no es nueva, tanto PP como sus socios de gobierno saben que estas mejoras laborales se llevan reclamando desde 2020", aunque considera que la medida es "electoralista", recordando que se registró un día después de las elecciones europeas.
Desde Podemos, Marín, recuerda que esto ya se pudo haber hecho en la ley de Presupuestos de la Comunidad. "Les pido mayor diligencia el año que viene y les ofrezco la mano tendida de nuestro grupo parlamentario y mi partido para reforzar la profesión a todos los colectivos sociales y a nuestros menores más vulnerables", ha señalado.
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