El presidente del TSJMU denuncia los "efectos negativos" de una Justicia regional que "lleva años olvidada"

Juzgados y tribunales cerraron el primer semestre de 2024 con 190.000 asuntos en trámite, 40.000 más que hace un año

MURCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, ha denunciado los "efectos negativos, reales y directos" sobre los ciudadanos de una Justicia regional que "lleva años olvidada".

Y para sustentar esta afirmación ha ofrecido los "escandalosos" hallazgos que resultan de comparar los recursos con los que cuenta la Comunidad con otras de similar población, como Aragón o Baleares, o uniprovinciales, como Asturias, según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

"Nuestra Región necesitaría 75 jueces más --la mitad más de los que ya tenemos-- para alcanzar la misma ratio de la que disfrutan los asturianos", ha evidenciado.

Así, una vez más, durante su discurso en la apertura del Año Judicial, el máximo representante del Poder Judicial en la Región ha subrayado que "la combinación de escasos medios personales y alta litigiosidad, por más que nuestro esfuerzo resolutorio sea mayor, es la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región".

Los órganos judiciales de la Región cerraron el primer semestre de 2024 de actividad con 192.000 asuntos en trámite. "Son casi 13.000 más que los que teníamos a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año, lo que supone un 20 % más de asuntos pendientes en solo 12 meses", ha destacado Pasqual del Riquelme.

SIN PARTIDAS PARA NUEVOS JUZGADOS

"Sabemos que una Justicia lenta no es Justicia, pero también tenemos la convicción de que una Justicia arrebatada e irreflexiva en su respuesta lo sería aún menos", ha señalado el presidente del TSJMU, quien ha considerado que "no es razonable la situación presente de jueces lastrados por una insoportable carga de trabajo y muy conscientes de las dificultades para poder ejercer sus responsabilidades en condiciones adecuadas para el estudio detenido de los casos, la motivación de las decisiones y el necesario control sobre los asuntos encomendados.

Así, ha urgido a una respuesta de las administraciones competentes, y llegando a calificar de "insultantes" los escasos recursos que en los últimos años han recalado en la Región de los planes anuales de creación de unidades judiciales.

El presidente del TSJMU ha recordado que el año pasado, de las 70 nuevas unidades judiciales creadas en todo el territorio nacional, solo una correspondió a la Región. "Y ni siquiera fue de un juzgado completo, sino de un solo magistrado para la Audiencia Provincial". Y que, según han adelantado informalmente, "no está previsto crear ninguna nueva plaza judicial en todo el territorio nacional por no disponerse de las correspondientes partidas presupuestarias".

PERSONAS CON NOMBRES Y APELLIDOS SUFREN EL ATASCO JUDICIAL

Ha subrayado que "la infradotación de medios que sufre la Justicia de nuestra Región tiene efectos negativos, reales y directos sobre nuestros conciudadanos". Quienes sufren el atasco judicial "son personas con nombres y apellidos", ha dicho.

"Trabajadores y empresarios concretos, consumidores, propietarios, familias en crisis, menores y personas vulnerables, víctimas de delitos y también los acusados soportan los retrasos derivados de las carencias de medios que padece nuestra Justicia regional", ha apostillado.

Y, en sus últimas palabras, el presidente del TSJMU ha hecho referencia a como esas carencias tantas veces denunciadas, en ocasiones "alcanzan a la opinión pública por casos que ponen en evidencia los déficits estructurales de la Administración de Justicia regional y provocan una más que justificada inquietud en la ciudadanía".

Así, compartiendo ese sentimiento, ha recordado que "por más frustración que nos produzca el resultado de un procedimiento penal en el que los acusados se benefician del mal funcionamiento de la Administración de Justicia, no podemos desviarnos del régimen de garantías que nos hemos dado a nosotros mismos".

Por ello, ha instado a "actuar sobre las causas de tales resultados indeseables, dotando a los órganos judiciales de los medios que nos permitan tramitar y resolver los litigios en tiempos razonables y sin dilaciones indebidas".

SERVIDORES PÚBLICOS

El acto solemne ha concluido con la entrega de los reconocimientos y felicitaciones de la Sala de Gobierno a por su especial contribución a la Justicia murciana durante el pasado curso. Un reconocimiento distinguido ha tenido el que fuera presidente de esta institución y vocal del CGPJ, Juan Martinez Moya, por los más de 10 años haciendo de embajador de la Región de Murcia en el Consejo General del Poder Judicial y altavoz de las necesidades de la Justicia regional ante el Ministerio de Justicia.

Ha reseñado, además, su destacada labor en materia de prevención de riesgos laborales en la carrera judicial y la dimensión internacional del Poder Judicial, especialmente en el ámbito Iberoamericano.

También han recibido una felicitación por su esfuerzo para mejorar -desde la coordinación entre instituciones en la lucha contra la lacra de la violencia sobre las mujeres el presidente de la Audiencia, Miguel Ángel Larrosa, la coordinadora de Unidad de Violencia contra la Mujer de la de la Delegación del Gobierno, Maria Luisa Barreda, la magistrada coordinadora regional, Fátima Saura y las coordinadoras de la red de letrados de la Administración de Justicia, Ana Giménez y María de las Huertas Barnés.

Otro de los reconocimientos ha sido para el Colegio de Registradores de la Propiedad y el Servicio Común Procesal de Ejecución por materializar las comunicaciones electrónicas bidireccionales entre oficinas judiciales y registrales.

Han sido distinguidos también los miembros del equipo de trabajo que ha elaborado la Guía Interinstitucional para la Ejecución de Medidas de Seguridad de Internamiento. Galardón este último que fue recogido en su representación por el letrado coordinador Pedro-Antonio Vivancos Gil, las directoras del SMS y del IMAS, Isabel Ayala y Verónica López, el fiscal Pablo Lanzarote, y la magistrada de Vigilancia Penitenciaria, Carmen Orenes Barquero.

Y se ha entregado otro reconocimiento a la jefa del Servicio de Formación del CGPJ, María Jesús Millán, por su contribución a reubicar en la Región de Murcia las actividades en materia de Derecho de la Unión Europea y cooperación jurídica internacional.

Igualmente han sido distinguidos los gestores procesales José Carrasco y Virtudes Soria "como ejemplo paradigmático de la dedicación profesional que prestan tantos funcionarios de la Administración de Justicia regional".

Además, se ha hecho entrega de los diplomas del Consejo General del Poder Judicial a dos magistrados que este año han cumplido 25 años de antigüedad en la carrera judicial: Carmen Berta Romero y Rosario Gómez.

Y la Sala de Gobierno ha entregado una placa In Memoriam del que fuera magistrado decano de Lorca, Juan Alcázar, fallecido el pasado mes de julio, por ser un ejemplo personal y profesional para todos sus compañeros.

Por último, en agradecimiento por los servicios prestados durante su vida profesional, se ha entregado un reconocimiento a las autoridades judiciales y funcionarios públicos de todos los cuerpos que prestaron servicio en la Administración de Justicia de la Región de Murcia, jubilados durante el pasado año judicial.