PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia presentan una iniciativa para reformar la Constitución y blindar las pensiones

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos del PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia defenderán en el Pleno del próximo jueves una iniciativa para instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a que se atienda la reivindicación de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), promoviendo una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones.

El Partido Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, plantean la inclusión en la Constitución Española de un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra, pueda afectar a las pensiones (excepto aquellas que sean favorables).

Los tres partidos en la oposición inciden en el importante proceso de deterioro que ha sufrido el Sistema Público de Pensiones en los últimos años, especialmente entre 2013 y 2016. "Es necesario reaccionar para proteger el sistema de pensiones por encima de cualquier correlación de fuerzas políticas, sin importar cuál sea el color del gobierno o la situación del país. Toda la ciudadanía se merece que las pensiones públicas sean tratadas como la columna vertebral del Estado Social, un derecho que permanece al margen de cualquier disputa política o diferencia ideológica", han indicado.

PSOE, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia se suman a la convicción de la MERP de que hay que promover e impulsar el movimiento social en torno a la defensa de las pensiones y en la necesidad de revisar el marco legal impulsando una reforma que modifique el artículo que establece la garantía de pensiones, prohibiendo cualquier tipo de privatización y manteniendo el poder adquisitivo real de las pensiones.

"El cobro de una pensión pública es un derecho inquebrantable proclamado por la Constitución Española y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es obligado asegurar pensiones dignas y suficientes que no dependan, en ningún caso, de la voluntad política, sino que sean garantizadas por derecho", han concluido.