Púnica. -Furgones Guardia Civil trasladan a más detenidos a la Audiencia Nacional, que aguarda a Granados y su socio

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios furgones de la Guardia Civil han trasladado desde las 9.00 horas a la Audiencia Nacional a quince detenidos por su supuesta implicación en la red de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos desarticulada en la operación 'Púnica' para ser interrogados ante el juez Eloy Velasco, que aguarda también la llegada del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza.

El magistrado, que ayer tomó declaración a doce de los 17 que fueron puestos a disposición judicial, reanudará este jueves los interrogatorios con los cinco restantes que han sido trasladados por el Instituto Armado a primera hora de la mañana tras haber pernoctado en la cárcel madrileña de Soto del Real.

Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados del empresario Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano. Declararán junto a otros doce arrestados, para los que el juez también ha dictado la orden judicial de prisión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 prevé interrogar este jueves al que fuera alcalde de Valdemoro y número dos del PP de Madrid, Francisco Granados, y su amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, quienes llegaron a amasar una fortuna millonaria en Suiza.

Los cinco detenidos restantes quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil, que este miércoles detuvo además a un agente de la UCO acusado de avisar a Granados de la operación.

Velasco tomó declaración el jueves a los primeros doce de los 35 detenidos y dictó el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.

El magistrado adoptó estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios. Velasco ha dejado en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.

Además, dejó libertad sin medidas cautelares a otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.

En el caso de Parla, el juez investiga los contratos que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento de Parla. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Ayuntamiento adjudicó en julio de 2013 un contrato de "servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)" por valor de 54,7 millones de euros y una duración superior a 15 años.

REDES CLIENTELARES DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno a Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el auto dictado por el juez.

Velasco señaló que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

** La resolución judicial apuntó que las "autoridades municipales" detenidas "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

La investigación se inició a partir de una comisión rogatoria que las autoridades suizas cursaron el día de Nochebuena de 2013 tras detectar varias cuentas sospechosas de Granados; su esposa, Nieves Alarcón; el empresario y 'conseguidor' David Marjaliza; su mujer, Adela Cubas; y la sociedad Sheraton Trading.

** Estas pesquisas, según el auto, han permitido "cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos --PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA--, y no la financiación de sus respectivas formaciones. ** La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.