La Región, la segunda comunidad con más proyectos de extensión de banda ancha aprobados en 2017

Andalucía, Galicia y Valencia son las comunidades que más ayudas han recibido del total de 105 millones

MURCIA/MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró en 2017 un total de 15 proyectos de extensión de banda ancha aprobados en 2017, la segunda mayor cifra por comunidades autónomas junto a Comunidad Valenciana y Cataluña, sólo inferior a la registrada por Andalucía (18).

A nivel nacional, el Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), en su convocatoria de 2017, permitirá dotar de cobertura de banda ancha ultrarrápida (+100 Mbps) a más de 1,15 millones de viviendas y locales empresariales de 2.347 entidades singulares de población, un despliegue que beneficiará a más de dos millones de habitantes.

En concreto, el Ministerio aprobó en 2017 138 proyectos, que recibirán una ayuda total de 104,94 millones de euros y generarán una inversión inducida de 169,48 millones en las 17 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta.

De las dos modalidades en las que se conceden las ayudas, que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 25 han correspondido a la modalidad de subvención y 80 a la de anticipo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por comunidades autónomas, la que más ayuda ha recibido en 2017 ha sido Andalucía con 20,36 millones de euros, seguida de Galicia (15,22 millones de euros), Comunidad Valenciana (13,86 millones de euros), Castilla y León (11,52 millones de euros) y Castilla-La Mancha (10,56 millones de euros).

Por el contrario, las que menos han sido Ceuta, con 26.043 euros y Asturias, con 549.662, comunidad en la que el despliegue llevado a cabo por el operador local Telecable está bastante desarrollado y prácticamente solo quedan poblaciones dispersas por conectar. En el caso de Melilla no se ha otorgado ninguna ayuda, ya que toda la población de la ciudad autónoma tiene acceso a redes de banca ancha de Nueva Generación.

Por número de proyectos, Andalucía es también la que más de han aprobado (18), seguida de Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña (15 en casa una) y Castilla-La Mancha. Por localidades, el PEBA de 2017 llevará banda ancha de nueva generación a 508 entidades singulares de población de Andalucía, 465 de Galicia, 293 de Comunidad Valenciana, 285 de Cataluña y 150 de Canarias.

Por otro lado, en 2017 se han elevado con respecto a la convocatoria de 2016 los límites máximos de intensidad de ayuda respecto a la inversión, debido al mayor déficit comercial de los despliegues en zonas donde las inversiones en redes NGA están más alejadas de la rentabilidad. Estos límites varían desde el 40% registrado en Baleares, hasta el 80% en Asturias, Extremadura, Murcia y Ceuta.

Fuentes del Ministerio explican que la intensidad de la ayuda no es la misma en todas las comunidades porque el programa pretende ser "lo más eficiente y cauteloso posible" para colocar todos los fondos sin "sobrefinanciar" un proyecto, ya que si un operador puede hacer un despliegue con una ayuda del 40% no tiene sentido darle más. Con los años, la intensidad ha ido aumentado, ya que la rentabilidad de los proyectos es más baja.

DATOS ACUMULADOS

Desde 2013, primer año en el que se convocaron esta ayudas, se está facilitando o en proceso de facilitar el acceso a servicios con velocidades de 100 Mbit/s o superiores a casi 3,59 millones de viviendas y locales empresariales en 4.064 entidades singulares de población.

Los 380 proyectos aprobados suponen una inversión movilizada de 482,42 millones de euros y una ayuda de 216,08 millones de euros. La población que reside en las áreas de los despliegues que se beneficiarán del acceso a servicios de banda ancha ultrarrápida a estas velocidades supera los 6,27 millones de habitantes.

El año 2017 ha sido con diferencia en el que más ayudas se han concedido en el marco del PEBA, ya que en 2013 se repartieron 10,18 millones de euros; en 2014, 7,76 millones de euros; en 2015, 54,77 millones de euros, y en 2016, 38,43 millones.

También es en el que más proyectos se han aprobado, en el que se han conectado más localidades y en el que más inversión total se ha movilizado. En cambio, la convocatoria de 2015 superó a la de 2017 en cuando a viviendas y locales conectados (1,29 millones frente a 1,15 millones) y habitantes beneficiados (2,26 millones frente 2,02 millones).

El pasado viernes tras el último consejo de ministros del año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que en 2018 el Ejecutivo dará un "impulso definitivo" a este programa con el objetivo de "acelerar el despliegue de fibra óptica en todo el territorio".

Por comunidades, la que más ayudas han recibido en estos cinco años en el marco del PEBA han sido Andalucía (54,72 millones de euros), Cataluña (27,83 millones de euros), Comunidad Valenciana (24,35 millones de euros) y Galicia (22,07 millones de euros). En cuanto a habitantes beneficiados destacan también Andalucía (1,45 millones), Cataluña (1,05 millones) y Comunidad Valenciana (801.000).

LOS PROYECTOS

Con estas ayudas se persigue aumentar el ritmo y el alcance de la extensión de las redes de banda ancha, llevándola a zonas no rentables y anticipando el despliegue de las redes en beneficio de los ciudadanos, corrigiendo fallos de mercado o resultados insatisfactorios desde el punto de vista de la cohesión territorial, minimizando la distorsión de la competencia y respetando el principio de la neutralidad tecnológica.

El presupuesto máximo financiable por proyecto en la convocatoria de 2017, entendido como la suma de todos los costes subvencionables, es de cuatro millones de euros y no se establece presupuesto mínimo. La fecha límite para la ejecución del mismo se ha establecido en el 31 de diciembre de 2019.

La practica totalidad de los proyectos son despliegues de fibra de 100 Mbps, por lo que este año ni siquiera se han convocado ayudas para 30 Mpbs. Las ayudas se entregan por adelantado para que el operador no se encuentre con problemas de financiación y pueda llevarlo a cabo cuanto antes, aunque se devolverá totalmente o una parte si no se logra ejecutar en los plazos previstos.

El proyecto típico presentado por los operadores tiene un importe de un millón de euros y suele cubrir varias localidades para que la inversión sea eficiente, aunque en algunas regiones es más complicado desplegar que en otras. Las compañías son además las que eligen en qué zonas quieren llevar a cabo sus proyectos, que luego deben abrir a la competencia con unos términos mayoristas fijadas, ya que sólo se autoriza un despliegue en cada una de ellas.