MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud ha remitido a la Fiscalía posibles irregularidades por parte de tres funcionarios relacionadas con el aumento de la facturación en la adquisición de un producto sanitario, según informaron fuentes del Servicio Murciano de Salud (SMS).
En este sentido, la Consejería de Salud ha iniciado una auditoría de la actividad de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS después de que el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios haya detectado "posibles irregularidades vinculadas al suministro de determinado material sanitario".
Las supuestas irregularidades consisten en un "incremento económico en la facturación de suministro de un producto sanitario", según las mismas fuentes.
Estas acciones presuntamente afectarían a tres funcionarios del Servicio Murciano de Salud. El expediente ha sido trasladado a la Fiscalía para su investigación.
De forma simultánea, el Servicio Murciano de Salud ha abierto un expediente disciplinario a los tres funcionarios aplicando la medida cautelar de suspensión de funciones, que consiste en suspensión cautelar de empleo y sueldo hasta que haya pronunciamiento del Ministerio Fiscal o en su caso de la Autoridad judicial competente.
La situación fue detectada a raíz de la evaluación rutinaria llevada a cabo por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, dependiente de la Secretaria General de la Consejería de Salud, acerca de la actividad desarrollada por el Servicio Murciano de Salud.
En concreto, se detectó un incremento de 700.000 euros en el ejercicio del año 2023 del consumo de un producto sanitario con respecto a 2022, lo que podría suponer un "posible fraude económico".
Como consecuencia de ello se inició una inspección de oficio con el objeto de analizar las causas y su justificación de este aumento. Las actuaciones llevadas a cabo y diversas diligencias han concluido una serie de medidas como proceder por parte de la Gerencia del SMS a incoar expediente disciplinario a los profesionales citados en el informe concluido.
La investigación llevada a cabo por el Servicio de Inspección de Centros ha sido remitida a la Fiscalía Superior de Justicia de la Audiencia Provincial de Murcia siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento que regula la inspección sanitaria.
Además, se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro de los presuntos pagos indebidos.