Toman muestras del agua desaladora de Escombreras para comprobar si puede existir un delito contra medioambiente

MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha vuelto a entrar a la desaladora de Escombreras, esta vez para realizar una inspección ocular y tomar muestras del agua para comprobar si puede existir un delito contra el medioambiente.

Según ha podido conocer Europa Press, tanto buzos de la Benemérita como biólogos de la Fiscalía toman, en estos momentos, muestras del agua en el cajón de captación de la dársena portuaria, la red de suministro y de la zona emisario de salmuera, solicitado por la Fiscalía de Medio Ambiente, "para ver la calidad del agua tanto de la que entra como de la que sale" para consumo.

Cabe recordar que hace un mes la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía registró las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia.

La petición respondía a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".

Así como que los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron también en la Consejería de Agricultura en busca de información por la desaladora de Escombreras, aunque finalmente no se llevaron nada de las dependencias de la desaladora, ubicadas en la primera planta de la Consejería, que actualmente dirige Adela Martínez-Cachá.

Los agentes de Policía Nacional también efectuaron un registro en el despacho de abogados Arnaldos&Asociados, que es el bufete del letrado Andrés Arnaldos, que presuntamente asesoró al entramado societario y llegó a ejercer como secretario de la desaladora.

Un día después, agentes de la Guardia Civil se personaron en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena en busca de información sobre la desaladora de Escombreras. En concreto, los agentes, pertenecientes a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid, se presentaron de paisano en estas dependencias y solicitaron la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta desaladora.

DENUNCIA ORIGINARIA PARTIÓ ABOGADO MURCIANO DIEGO DE RAMÓN

Según ha podido conocer Europa Press, la denuncio originaria partió del abogado murciano Diego de Ramón, quien avanzó en declaraciones a esta agencia de noticias que la planta absorbía el agua que va a ser desalinizada de una zona como la dársena en la que hay "toda clase de metales pesados", todo ello "ignorándose la depuración".

Por este motivo el abogado amplió su querella hace cuatro meses basándose en los informes del año 2008 de Greenpeace sobre el fondo submarino del Valle de Escombreras que señalan la existencia de metales pesados. Además, recordaba que las Naciones Unidas habían llegado a señalar a Cartagena como "punto de contaminación", y la Agencia Europea de Medio Ambiente considera que la bahía de Cartagena y el Valle de Escombreras son "puntos de alarma" por este motivo.

En este sentido, remarcó que el 29 por ciento de mercurio que se vierte al Mar Mediterráneo se hace desde este lugar de Cartagena. Además, lamentó que se vierten próximo a un espacio protegido de la Red Natura 2000, "como es la franja del litoral sumergida en la Región de Murcia, un lugar de importancia comunitaria por sus valores marinos".

Los niveles de contaminación y la toxicidad de los vertidos en Cartagena, según De Ramón, "no solo afectan al Medio Ambiente; pues según los estudios epidemiológicos realizados a escala nacional, los cánceres de pleura, hematológicos (mioloma), laringe y pulmón, en Cartagena, son superiores a la media española".

A la vista de ello, el abogado murciano solicitaba estudios y análisis en cualquier parte del fondo submarino del Valle de Escombreras, y apuntaba como responsables a los "gestores políticos que crearon la desaladora con su colaboración y aporte de los presupuestos regionales".

En concreto, pedía al Servicio de Salud Publica de Cartagena los análisis que hace a la Desaladora de Escombreras, y que los datos fueran comprobados por la Policía Judicial, la Guardia Civil del Mar y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los registros realizados en las sociedades creadas en torno a la desaladora.

De la misma forma, solicitaba una investigación personal del ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, para aclarar "las subvenciones que hicieron a la desaladora y a las sociedades creadas, así como el dinero recibido por los convenios urbanísticos en toda la Región y el IBI repercutido por el terreno recalificado".

Igualmente, solicitaba que se expidiera requerimiento de colaboración de auxilio judicial a la Interpol "para que se examinen a través de la Oficina de Lucha contra el Fraude las posibles ayudas europeas que hayan podido obtener para la construcción de la Desaladora".

"CERDÁ Y ARNALDOS, LOS MÁS SEÑALADOS"

En declaraciones a Europa Press, De Ramón afirmó que el ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y el abogado Andrés Arnaldos, que presuntamente ejerció como secretario de la desaladora de Escombreras y asesoró al entramado societario, son las dos personas "más señaladas" en la investigación, junto con todos los miembros del Ente Público del Agua.

En concreto, lamentó que los denunciados perseguían "dar agua a las recalificaciones urbanísticas" y no para la agricultura, pues para regar "harían falta 43 hectómetros cúbicos, y la Desaladora nunca ha dado ni siquiera la mitad".

En este sentido, desmintió al ex consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, y al ex presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, cuando dijeron que la planta es rentable, pues "nos cuestan 40.000 euros de pérdidas a los murcianos todos los días".