15-M.- La Policía impide a los 'indignados' entregar al Rey las reivindicaciones del movimiento 15M

Actualizado: domingo, 7 agosto 2011 0:13

PALMA DE MALLORCA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un fuerte dispositivo policial de más de una veintena de agentes ha impedido a los 'indignados' de Palma que pudieran acercarse al lugar en el que el Rey asistía a una entrega de premios para hacerle entrega de un documento que recogía las principales reivindicaciones del movimiento 15M.

Unos 60 indignados han partido de la Plaza de España en dirección a Ses Voltes, aunque ante la fuerte presencia policial han optado por dirigirse al parque del Mar, situado a unos trescientos metros del lugar en el que Don Juan Carlos, la Reina doña Sofía y el Príncipe Don Felipe asistían a la entrega de premios de la 30 edición de la Copa del Rey de Vela.

Al percatarse los efectivos de seguridad de la presencia de los 'indignados', han desplegado un cordón policial y han procedido a identificar a más de 60 personas a las que ha pedido el documento de identidad, incluidos dos fotógrafos de prensa.

Minutos antes de que los policías exigieran los DNI, los 'indignados, al advertir la llegada de los efectivos de seguridad, han comenzado a disimular cantando el cumpleaños feliz. Sin embargo, los agentes han estado durante cerca de una hora pidiendo identificaciones al tiempo que los manifestantes coreaban gritos como 'le llaman democracia y no lo es' y 'libertad de expresión en peligro de extinción'.

Mientras, en Ses Voltes se desarrollaba con normalidad el acto de entrega de premios que ha concluido cerca de las diez de la noche sin que los 'indignados' pudieran ni siquiera ver al monarca ni ningún otro miembro de la Familia Real. Tras concluir el acto, los representantes del 15M han optado por dispersarse.

Los 'indignados' de Palma tratarán esta tarde de entregar al Rey un listado de los distintos consensos alcanzados a nivel estatal por el movimiento 15-M, entre los cuales destaca la petición de una modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema "auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo".

En el documento, de tres páginas, los 'indignados' reclaman la eliminación de los privilegios de la clase política en lo que se refiere al pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones.

En este sentido, también piden la equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones, al tiempo que exigen la eliminación de la inmunidad asociada al cargo y la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

EL REY NO PUEDE ESTAR AL MARGEN

Para los 'indignados', Don Juan Carlos, como "jefe del Estado, no puede simplemente estar al margen" de estas peticiones que pretenden lograr un cambio en el sistema político, económico y social.

Entre las peticiones', destacan la celebración de referéndums "obligatorios y vinculantes" para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos", así como un control de las entidades bancarias, con el fin de "prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias". De esta manera, consideran que "aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social".

Además, reclaman la devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado, así como la eliminación de las SICAV y un aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

Por otra parte, piden un "control real y efectivo del fraude fiscal y la prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales, así como una regulación de sanciones a los movimientos a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria".

Finalmente, otras de las exigencias destacadas son la "reducción" del gasto militar, la abolición de la Ley Sinde y la jubilación a los 65 años, así como ningún aumento en la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.