La abdicación se produce semanas antes de que Castro decida si mantiene la imputación de la Infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abdicación del Rey don Juan Carlos se ha producido semanas antes de que el juez José Castro, quien hasta en dos ocasiones ha imputado a la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, decida si mantiene el encausamiento de la hija menor del Monarca como cooperadora de los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales en que incurrió su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la empresa de la que ambos son propietarios, Aizoon.

Se trata de unas pesquisas que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, y que estallaron definitivamente en septiembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. Un entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos de las administraciones públicas por parte de la entidad controlada entonces por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

"Vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos", proclamaba el Rey en su discurso de Navidad de ese año a raíz de las informaciones publicadas hasta entonces en torno un caso de supuesta corrupción que por primera vez afectaba a un miembro de la Familia Real. Días después, Urdangarin era imputado en el marco de estas investigaciones y el 25 de febrero de 2012 descendía la cuesta de los Juzgados de Palma para declarar ante el juez Castro.

Dos años después lo hacía la propia Infanta, cuyo nombre había aparecido dos años antes en el foco de estas pesquisas, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas 'pantalla' que integraban la presunta trama de defraudación.

El hecho de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de Administración de Nóos y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto la Duquesa era conocedora de las actividades supuestamente irregulares desplegadas por Urdangarin y Torres.

La aparición de su nombre ya al inicio del sumario en relación a unas compras de carácter particular cargadas a Aizoon y a una carta de pago que reflejaba un préstamo de 400.000 euros que la Infanta y su marido hicieron en favor de Torres como ayuda en la compra de una vivienda en Sant Cugàs del Vallés, llevaron al sindicato Manos Limpias, el 15 de febrero de 2012, a solicitar por primera vez la imputación de la Duquesa por considerar que pudo ser beneficiaria directa del incremento patrimonial supuestamente fraudulento de su esposo.

Días después de la petición de Manos Limpias, la Fiscalía Anticorrupción se oponía al encausamiento de la Infanta al no apreciar indicio incriminatorio alguno que la vinculase con las actividades de Nóos o de que las conociera, y el 5 de marzo el juez José Castro rechazaba imputarla, en línea de lo argumentado por el Ministerio Público.

TORRES APUNTA A LA INFANTA

El nombre de la Infanta resurgió con fuerza el 16 de febrero de ese año, cuando Torres, citado nuevamente por el magistrado en calidad de imputado, aseguró en su declaración que la Casa Real supervisaba y estaba al corriente de las actividades desplegadas por Nóos, y más en concreto la Duquesa y el secretario personal de las hijas del Rey, Carlos García Revenga, también encausado.

La acotación así de las pesquisas a la actuación de Doña Cristina y la entrega paralela de nuevos correos por parte de Torres en los que Urdangarin consultaba con su mujer las diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos, derivarían finalmente en la imputación de la Infanta, el 3 de abril de 2013, a través de un auto de 18 páginas en el que el juez Castro veía a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos.

De este modo, sostenía que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque y su exsocio no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

Sin embargo, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de los propios Duques de Palma llevaron a la Audiencia Provincial de Baleares a tener que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por todos ellos contra la decisión de Castro. El tribunal dejó sin efecto la imputación de la Infanta, si bien abrió la vía para que ésta fuese investigada por delito fiscal y de blanqueo de capitales a través de Aizoon, al haber defraudado presuntamente al fisco y ante la posibilidad de que hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita habría percibido Aizoon.

INVESTIGACIÓN DE LAS CUENTAS E INMUEBLES

Se inició así con ello una intensa investigación que, a lo largo de ocho meses, conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de la Infanta, de todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a registros de la propiedad.

Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824 euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos particulares.