La Abogacía del Estado insiste en pedir el archivo del 'caso Plus Ultra' tras el careo de los peritos

Defiende que la ayuda de la SEPI a la aerolínea ni fue arbitraria ni causó perjuicio al erario público

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado ha insistido en pedir el archivo de la investigación que se sigue sobre la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra en el escrito que ha presentado ante la juez Esperanza Collazos con sus conclusiones sobre el careo celebrado el pasado 29 de marzo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En 45 folios, a los que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del Estado Rosa María Seoane ha asegurado que del encuentro entre los expertos "se desprende el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad, cuestionándose sólo uno de ellos". Así, ha reiterado su petición de archivo a la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que ha acordado imputar a Plus Ultra y citar a su representante legal para el próximo 15 de junio antes de resolver sobre si cierra o no el caso.

Para Seoane, la primera conclusión que se alcanza tras la práctica de la diligencia de careo "viene a confirmar" lo reiteradamente señalado por la Abogacía y la Fiscalía: que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea es de carácter "estrictamente técnico".

DESCARTA PERJUICIO AL ERARIO PÚBLICO

En su escrito, ha asegurado que la conclusión de los peritos independientes de que Plus Ultra no cumplía con el requisito de no constituir una "empresa en crisis" a 31 de diciembre de 2019 es "errónea". A su juicio, al no ser cuestionado ningún otro de los criterios de elegibilidad, "la ayuda a la solvencia se acomoda de forma rigurosa al marco normativo de aplicación, despejando cualquier sombra de duda que pudiera haber sobre la misma".

Los servicios jurídicos del Estado han incidido en que "aún en la hipótesis" de que el planteamiento de los peritos no fuera "radicalmente erróneo", no se trataría nunca de "un criterio claro e incontrovertido que permita apreciar siquiera indiciariamente que la decisión del Consejo Gestor fuera arbitraria ni constituya un exceso respecto de las facultades de dicho órgano ni haya producido un perjuicio para el erario público ni se advierta falseamiento alguno".

Sobre este extremo, Seone ha puntualizado que tanto el informe evacuado por la Intervención General de la Administración del Estado como el auto del Tribunal de Cuentas de 26 de julio de 2021 "se razona la inexistencia actual de ningún perjuicio al haberse instrumentado la ayuda en dos créditos ordinario y participativo cuyas obligaciones de reembolso no han sido incumplidas".

NO VE INDICIOS DE DELITO

Así las cosas, ha defendido que no hay ni un presunto delito de prevaricación ni malversación. En este sentido, ha subrayado que "de lo hasta ahora practicado en esta instrucción, tampoco existe el más mínimo indicio de que la decisión cuestionada se haya adoptado por el Consejo Gestor 'a sabiendas' de su ilegalidad, sino todo lo contrario, con plena convicción de su acomodo al ordenamiento jurídico".

Al hilo, la Abogacía ha insistido en que la concesión de la ayuda se ajustó a la ley y que los consejeros investigados "verificaron el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad mediante los informes técnicos recabados en el expediente administrativo". Además, ha considerado que la "discrepancia técnica" entre los peritos del Juzgado y los contratados por la SEPI no es "suficiente" para apreciar, ni siquiera indiciariamente, ningún exceso.

En sus 45 folios, Seoane ha rebatido uno a uno los argumentos de los peritos independientes del Juzgado para llegar siempre a la misma conclusión: que --a su juicio-- no hay indicios de delitos.