Abogacía del Estado recusa al juez que suspendió la licencia de obra para exhumar a Franco

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de recusación en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, que fue el que suspendió el pasado mes de febrero la licencia de obra para exhumar a Francisco Franco. Pide a su titular, José Yusty Basterreche, que se aparte del asunto por falta de imparcialidad, han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

El recurso, adelantado este jueves por El Diario, considera que Yusty Baterreche incurre en una de las causas de recusación prevista en la Ley debido a determinados artículos que el magistrado habría firmado en su día en prensa y revistas especializada sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica. Por ello podría considerarse que incurre en "contaminación por interés" y debería apartarse.

La recusación, de no ser inadmitida de plano, obligará al magistrado a apartarse momentáneamente del asunto mientras delibera su respuesta, periodo en el que el asunto de la licencia de obra pasará a estar bajo jurisdicción de otro juez que le sustituya, según las fuentes consultadas. En el caso de que rechace apartarse, la Abogacía del Estado podrá recurrir a la Audiencia Provincial, que resolverá definitivamente sobre la cuestión.

En su auto, el juez suspendió cautelarmente el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba a exhumar los restos del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos al entender que, que no siendo urgente adoptar esta medida, no se habían elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.

Para tomar su decisión, el magistrado se apoyaba en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco".

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", exponía en su resolución.