La abogada de ETA Arantza Zulueta podrá salir de prisión si paga 20.000 euros de fianza

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 20.000 euros para que la abogada de ETA Arantza Zulueta eluda el ingreso en prisión, donde se encuentra desde hace más de tres años acusada de integración en ETA.

Según explica un auto hecho público este viernes, los magistrados han tenido en cuenta su condición de abogada y la cercanía del inicio del juicio oral en su contra por dirigir el frente de cárceles de la banda terrorista.

"La complejidad del procedimiento determina la conveniencia de asegurar que pueda preparar su defensa de un modo óptimo", dice y añade que a estas alturas y dado que permanece encarcelada desde enero de 2014, no hay riesgo de reiteración delictiva. También destacan los magistrados "la ausencia de actividad" del Frente de 'makos' de la banda.

En caso de abonar la caución, Zulueta tendrá que comparecer cada 15 días en el Juzgado más cercano a su domicilio, se le retirará el pasaporte y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para ella 19 años de cárcel al considerar que servía de enlace entre la dirección de ETA y el colectivo de presos a través de la estructura 'Halboka'. Defiende que Zulueta ejercía el control de este colectivo, participó en el cobro del 'impuesto revolucionario' y en las informaciones sobre varios objetivos, entre ellos la Audiencia Nacional.

Según el Ministerio Público, el 'frente de cárceles' --también llamado 'frente de makos'-- tenía como objetivo mantener el control sobre la "homogeneidad de pensamiento y acción" en las prisiones como forma de garantizar la "cohesión" de la banda y presionar a España y Francia.

En 2002, este frente se sustituyó por la estructura Halboka (Hornak Apurtuz Laster Borrokalariak Kalea/Rompiendo las paredes pronto los luchadores a la calle), que se integró "plenamente" en la banda y contaba en sus orígenes con la subestructura 'Txanpa', dirigida a dinamizar las organizaciones sociales que luchaban a favor de los internos; 'KT', que coordinaba a los reclusos y expresos; 'Iketa', ocupada del seguimiento de las detenciones; y de 'Bita', que analizaba y gestionaba los planes de fuga de prisión.

Dentro de Halboka, se hallaba el 'frente jurídico', cuyos miembros eran conocidos como bertsolaris/poetas y apaizak/curas, y estaba integrado por abogados que transmitían las directrices de la dirección etarra a los presos y tenían como finalidad "controlar" a este colectivo para que se mantuviera "fiel" a la organización.

En sus visitas a los presos y al margen de su defensa jurídica, los letrados conocían el sentir de los internos y se lo hacían llegar a la cúpula de ETA. En las 'rondas', recibían también cartas escritas a mano por los presos, que "transcribían" para hacerlas llegar a la dirección, mientras que también gestionaban las denominadas 'atxas' (cantadas) o autocríticas con los posibles fallos y las manifestaciones de estos en las declaraciones policiales.

Estos abogados, que recibían un "sueldo", aprovechaban su condición para recopilar información sobre objetivos y auxiliar en la recaudación del 'impuesto revolucionario'. En los registros de los despachos de Zulueta, Enparantza y Sarriegui y el domicilio de Jáuregui se localizaron 120.000 documentos, muchos de ellos en archivos informáticos encriptados, y más de 60.000 euros.

LA AUDIENCIA NACIONAL Y EL REY ENTRE LOS OBJETIVOS

El fiscal considera a Arantza Zulueta, alias 'Marxel' y 'Bixer', como la "máxima responsable" del frente jurídico, donde tenía desde 2006 una "comunicación permanente" con la dirección de ETA. Además, participó en el cobro del 'impuesto revolucionario', en la fijación de los objetivos y ayudó a etarras a eludir la acción de la Justicia.

En octubre de 2006, los jefes de ETA le pidieron redactar un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional y los despachos de los juzgados para colocar un artefacto explosivo en la sede. También se le incautaron documentos informáticos con informaciones relativas al Rey Juan Carlos, su yate 'Fortuna', un escolta relacionado con la ex dirigente del PP María San Gil, vehículos con servicios de protección y tres zulos del sur de Francia que guardaban armas y explosivos.

El Ministerio Público añade que Zulueta propuso dar "charlas" a implicados en acciones de 'kale borroka' para el caso de que fueran detenidos, comunicó a la cúpula sus sospechas de que un arrestado podía ser colaborados de la Policía y fue encomendada para crear un "servicio de inteligencia" denominado 'Amarauna' (Tela de Araña) para conseguir "tener ojos y orejas en todos los pueblos".