Bruselas se alinea con España y dice que no tiene "deficiencias sistémicas" de vulneración de derechos
LUXEMBURGO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, ha anunciado este martes que presentará sus conclusiones sobre el alcance de las euroórdenes presentadas por el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, el próximo 14 de julio.
El abogado francés ha confirmado la fecha tras una vista de unas seis horas en la que la Gran Sala del TJUE ha examinado en profundidad la cuestión prejudicial remitida por Llarena para determinar el margen que tiene Bélgica para rechazar las peticiones de entrega que dictó contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers por su implicación en el 'Procés'.
De la Tour, que elaborará un dictamen no vinculante pero que en la mayoría de casos sirve de orientación para la sentencia final, ha centrado sus preguntas a la defensa de los líderes independentistas, a los representantes de España y de la Comisión Europea en dirimir la cuestión de la vulneración de derechos y cómo se verifica el riesgo que corre una persona de no tener un juicio justo, principal argumento de la defensa de Puigdemont y los exconsellers.
Todo después de que durante la vista la Comisión Europea haya avalado la emisión de las euroórdenes y, en general se haya alineado con España, al asegurar que el país no registra problemas sistémicos. Julio Baquero, del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, ha sostenido que España no sufre "deficiencias sistémicas" por lo que no cabe alegar riesgo de vulneración de derechos.
Según Bruselas, primero deberían probarse los fallos generales del sistema español y luego las consecuencias concretas para cada caso. Barquero también ha apoyado la actuación de Llarena de pedir distintas órdenes de entrega por el mismo caso, al entender que es legítimo si un cambio de las circunstancias de derecho provoca un distinto "paisaje jurídico".
Varios jueces del TJUE se han preocupado por esta cuestión, caso del chipriota Constantinos Lycourgos, que ha preguntado como se mide ese riesgo o de la italiana Lucia Rossi que ha señalado que le parece "peligroso" solo estudiar los casos de violaciones de derechos individuales solo en caso de que el sistema experimente fallos generales.
PONE EN JAQUE EL SISTEMA DE EUROORDENES
En representación de España, la abogada del Estado Andrea Gavela ha argumentado que la deficiencia para rechazar una petición de entrega debe ser generalizada, "porque una falla puntual se salva con los mecanismos del propio sistema" y ha recalcado que se debe demostrar el riesgo real de que las vulneraciones se materialicen en caso de entrega.
Igualmente, ha descartado que la opinión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), que aduce la defensa de los líderes independentistas, represente "un elemento suficiente para considerar acreditado la vulneración de un derecho fundamental".
Gavela ha avisado ante los jueces europeos de que con este caso "está en juego que una situación excepcional se aquilate y haga inoperante la herramienta" de las euroórdenes.
El instructor del 'procés' acudió hace un año al Tribunal europeo, con el respaldo de la Fiscalía, para que determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea.
COMPETENCIA DE LLARENA
Otro de los temas sobre la mesa del TJUE es si los jueces belgas pueden cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir la euroórden y negar una extradición basándose en ello.
Por este asunto ha preguntado el propio presidente del TJUE, Koen Lenaerts, quien se ha preocupado por saber si el recurso de la defensa de Puig contra Llarena se encuentra en el Constitucional español y se agotará la vía legal, clave para poner fin al debate sobre la competencia.
En la primera intervención de la mañana, el fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, ha considerado "ilógico y absurdo" que Bélgica cuestione la competencia de Llarena de emitir las euroórdenes, tras explicar que esto supondría que el país receptor de una petición de extradición controle las normas procesales del país emisor.
Ha recordado que tanto el Supremo como el Constitucional en España ya indicaron que Llarena era competente para pedir la entrega a Bélgica y por ello "no puede haber duda".
USO POLÍTICO DE LAS EUROÓRDENES
Por su lado, la defensa del exconseller Lluis Puig y del expresident de la Genetalitat Carles Puigdemont, ha acusado a Llarena de usar las euroórdenes de forma política y de buscar encarcelar a los líderes independentistas "sin juicio, durante meses y años" impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria.
Gonzalo Boye ha afirmado que los líderes independentistas sufren una "persecución infame" por motivos políticos. "Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí", ha dicho a los jueces europeos.
Así, el letrado ha expuesto que sus defendidos se han enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos. "Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación", ha defendido.
La defensa de la eurodiputada Clara Ponsati ha sostenido que Llarena busca usar al TJUE como una Cámara de Casación en el caso de Puig, cuya entrega a España fue rechazada en firme y es "definitiva e inapelable".
Para Isabel Elbal la pregunta al TJUE sobre una decisión judicial en firme "desnaturaliza" el proceso de la cuestión prejudicial. "Cualquier motivo de denegación podría ser invocado por la orden de emisión y ser esto una Cámara de apelaciones intraeuropea", ha argumentado.
Mientras, Andreu van den Eynde, abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira, ha lamentado que el Supremo "desoye" sentencias del TJUE, tras recordar que no dio efecto al fallo sobre la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras, y ha criticado que la exconsellera Meritxell Serret será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pese a estar en la misma situación que Puig, al que reclama el Supremo.