El abogado de Puigdemont reclama en el Congreso que no se "suavice" el delito de sedición, sino que se derogue

El PP, Cs y Vox denuncian que la reforma del Código Penal se convertirá en un indulto "encubierto" de los condenados por el 'procés'

MADRID, 17 (EUROPA PRESS

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, portavoz de Justicia de JxCAT en el Congreso de los Diputados ha reclamado este lunes al Gobierno que "no suavice" el delito de sedición en una reforma del Código Penal, sino que se debe "derogar".

Así lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Justicia, en la que ha comparecido el ministro Juan Carlos Campo, y a quien ha afeado que durante su discurso inicial no haya hecho referencia alguna al "conflicto territorial que jamás debió salir de la política y jamás debió ser judicializado".

En este sentido, el representante de JxCAT ha hecho un recorrido de la tipificación de la sedición hasta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre, que condenó por este delito a nueve de los 12 líderes independentista juzgados por el 'procés'.

Con ello, ha pedido al Gobierno a que "sean valientes y que deroguen, que no suavicen" el delito de sedición, tal y como se ha planteado, rechazando a que se equipare a la tipificación de esta misma conducta prevista en países como Francia o Alemania.

ERC NO HABLA DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Por su parte, la portavoz de ERC --partido que con su abstención facilitó la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sànchez-- en Justicia, Carolina Telechea, durante su intervención no ha hecho ninguna mención sobre este asunto, sino que ha tratado otros temas como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incluir los consejos autonómicos del Poder Judicial, el traspaso completo de competencias o la supresión de la Audiencia Nacional.

Postura contraria a ERC ha mostrado el Grupo Mixto, que en su representación ha tomado la palabra la 'cupaire' Mireia Vehí, quien ha preguntado directamente al ministro sobre cómo se va a articular la mencionada reforma, defendiendo la "amnistía" de los condenados por sedición.

Según Vehí, el derecho se está entendiendo como "la excepción de la norma" y con una "cultura autoritaria", cuya "metáfora" es el artículo 155 de la Constitución, que se aplicó tras la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia y destituyó al Govern de Puigdemont. Así ha opinado que el Código Penal conlleva "represión, exilio y persecución judicial".

El PP, Ciudadanos y Vox también han puesto sobre la mesa su posición sobre la reforma del Código Penal en relación a los delitos de sedición y sedición y han acusado al Gobierno de querer hacer un "indulto o amnistía encubierta", tal y como ha dicho el portavoz 'popular', Luis Santamaría.

"Sobre sus hombros recae una gran responsabilidad, tiene usted la responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho", ha subrayado Santamaría, que ha pedido que sea "lealtad con los valores constitucionales".

La formación naranja ha cuestionado que la reforma del Código Penal pueda llevar aparejado la rebaja del delito de malversación --por el que también fueron condenados los líderes independentista--, pues éste está penado en alguno caso con más de 12 años de prisión.

NOMBRAMIENTO DE DELGADO Y RENOVACIÓN DEL CGPJ

Además de la modificación de esta norma se han debatido otros asuntos como los nombramientos. El PP ha sacado a relucir la elección de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado para ser la próxima fiscal general del Estado y lo ha tildado como "el mayo atentado contra la independencia de la Justicia".

"¿No se da cuenta que la sombra de su trayectoria se va a proyectar sobre todas las actuaciones de la Fiscalía?", ha afirmado Santamaría, que ha recordado que se vio salpicada por el caso Villarejo y de la división del Consejo General del Poder Judicial a la hora de avalar su ideoneidad como máxima representante del Ministerio Público.

Asimismo, el portavoz del PP ha aprovechado también para reiterar al Gobierno la posición de su partido en cuanto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces --que lleva en funciones desde finales de 2018--: "Estará siempre por llegar a acuerdos sin entrar en mercadeo de nombres", ha enfatizado, al tiempo que ha advertido de que si el Ejecutivo "está hipotecados por sus socios, no podrá con nosotros".

PUERTAS GIRATORIAS

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha querido hablar también de las "puertas giratorias" y ha señalado que tres ministros del Gobierno pertenecen a la carrera judicial, como es el caso de Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa).

Además, ha criticado que el ministro de Justicia tenga plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, pese a que "no haya dictado una sentencia desde el año 2000", mientras que hay muchos jueces que "no tienen ninguna posibilidad de ascender, anclados en los lugares en los que se encuentran".

Por otro lado, el secretario general de Vox y portavoz en la comisión de Justicia, Javier Ortega-Smith, ha usado parte de su intervención para señalar que las transferencias en prisiones a la Generalitat de Cataluña vulneran el principio de igualdad ante la ley al ver que a los líderes independentistas en prisión tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo "están disfrutando de permisos". "Otros penados con menor gravedad no tienen ese privilegio", ha agregado.

Asimismo, ha hecho alusión a la Memoria Histórica para ironizar acerca de que parece que es "la memoria de unos pocos es la que debe imponerse a todos" porque "se olvida de mencionar todos los crímenes de nuestra historia", ha dicho incidiendo en la Guerra Civil.

Otros de los temas que se han expuesto son los delitos de terrorismo y vulneración de derechos. Ha sido la portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados en prisión por el 'caso Alsasua', quien ha tocado la próxima reforma del Código Penal, pero para pedir la "derogación o modificación" del artículo 573.1, que regula este tipo de delitos.

Pozueta ha indicado que la reforma de esta norma fue "un cajón desastre para criminalizar la disidencia política", poniendo "en peligro los derechos de expresión, reunión y manifestación pacífica". Por ello, también ha instado a eliminar la denominada 'Ley Mordaza'.

SISTEMA "AGOTADO"

Por su parte, el peneuvista Mikel Legarda ha centrado su exposición en las reformas que considera necesarias acometer, ya que coincide con Campo en que el modelo de Justicia actual está "agotado". En esta línea, ha recordado que anteriormente, la Comisión de Justicia, cuando Campo era el portavoz socialista, creó una subcomisión "para ver la realidad y qué cambios podrían acometerse", por lo que ha querido saber si se recuperará su trabajo.

Legarda también se ha referido a uno de los anuncios que ha hecho el ministro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que instruyan los fiscales y ha sugerido que ello vaya ligado a la adaptación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para "reforzar la autonomía".

Por último, por parte de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha destacado que es "una buena noticia" que la cartera de Justicia la asuma un magistrado en excedencia, pues tiene conocimientos en el sector necesarios para su mejora.

Asens ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar la percepción de la Justicia en los ciudadanos porque se tiene la imagen de que es "impune para los tiburones y que condena a las sardinas".

También ha hecho una defensa del cambio del sistema de acceso a la carrera judicial, que se expone en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Podemos y que ha recogido las críticas de algunos de los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Justicia. Ha explicado que el actual modelo es "decimonónico basado en la pura oposición memorística", por lo que debe ser similar al de países de nuestro entorno.