Abogados Cristianos pide a la Audiencia Nacional que frene las exhumaciones en el Valle de los Caídos

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una mujer enterrada en la basílica del Valle de los Caídos, ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que detenga con carácter urgente las exhumaciones, al considerar que los trabajos para identificar otros cadáveres suponen una vulneración del derecho a la libertad religiosa, al tiempo que ha achacado estas tareas a la "inquina" del Gobierno de Pedro Sánchez al lugar por acoger "la cruz más grande la cristiandad".

La organización de juristas ha informado en un comunicado de que ha pedido al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo que acuerde como medida cautelarísima la suspensión de dichos trabajos, que se refieren en concreto a los llevados a cabo para encontrar los restos de dos hermanos.

Con "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación), se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa", señala Abogados Cristianos, subrayando además que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares" de las otras personas enterradas allí.

Por otro laso, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que "esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos por varios motivos: su inquina a la cruz más grande de la cristiandad y, por otro lado, para desviar la atención de su proyecto para romper España"

"Lo único que queremos es que se respeten nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales, uno de los más importantes y que está siendo atacado de forma reiterada, es el derecho a la libertad religiosa", ha dicho Castellanos.

De esta forma, Abogados Cristianos se suma a la petición que ya hizo a la Audiencia Nacional el pasado septiembre la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) por entender igualmente que la búsqueda de otros restos mortales pone en peligro los de quienes ya se sabe que están allí enterrados y cuyas familias quieren que siga siendo así.

La ADVC presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado junio donde incluía estas medidas cautelares, que fueron rechazadas por un defecto de forma. Una vez subsanado, volvieron a realizar la misma petición, que ahora está pendiente de que la AN resuelva, según avanzó 'La Razón' y confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Al anunciar medidas legales, la asociación ya denunció en un comunicado que estos trabajos atentan contra los derechos de "miles de familias, que teniendo perfectamente acreditada la presencia de los restos de sus antepasados en los osarios de la Basílica ven conculcado el derecho de éstos a descansar en paz".

"Máxime cuando ya han manifestado por escrito al Gobierno su negativa de permiso a que los restos de sus deudos sean trasladados, exhumados, removidos y sometidos a pruebas de identificación forense de cualquier tipo", apuntaba.

LA FISCALÍA SE OPONE A PARALIZAR

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la paralización de estas exhumaciones al estimar que podría suponer un "perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación", así como un incumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desparecidas.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público explicó el mes pasado que en julio ya se opuso a las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y que ahora pide inadmitir la demanda principal.

Fue el 12 de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para conocer a quién pertenecen los restos ubicados en el Valle de los Caídos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

En la operación participan forenses, arqueólogos, odontólogos, genetistas y miembros de la policía científica, cuya misión consiste en ayudar a identificar las cajas en las que están enterradas las víctimas si los números de inscripción no se aprecian bien.

LUZ VERDE DEL SUPREMO

El 13 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de Cuelgamuros al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres.

La resolución recurrida acordó levantar, precisamente, una medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría "una transformación urbanística irreversible de las criptas".

Ya el 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central.