Abogados de oficio acusan a Justicia de querer "rédito político" con el supuesto pago indebido a letrados de Gürtel

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) han acusado al Ministerio de Justicia de querer sacar "rédito político" en las elecciones generales del 10 de noviembre recuperando el supuesto pago indebido por parte del PP a los abogados de oficio que fueron asignados a algunos acusados en la trama Gürtel.

'El País' publicó que Justicia está investigando el pago a estos letrados por parte del Ministerio que dirigía el 'popular' Rafael Catalá. Una información que ha sido confirmada por la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que explicó que con el anterior equipo ministerial se realizaron pagos a sociedad mercantiles con cargo al erario público "en virtud de la justicia gratuita" a quienes no tenían reconocido ese derecho, como es el caso del líder de la trama corrupta, Francisco Correa, o incluso a quienes lo tenían expresamente denegado.

En concreto, el periódico informa de que Justicia abonó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de que defendieron a acusados como Correa o el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la Gürtel.

Para Altodo, se trata de una cuestión que se "politizó" con el cambio de Gobierno, de tal modo que Justicia reclamó a finales del año pasado al Colegio de Abogados de Madrid y al Consejo General de la Abogacía Española la devolución de casi 600.000 euros que fueron abonados a los letrados.

El Ministerio explicó entonces que esta cantidad "duplica" lo establecido en el convenio firmado con el equipo de Catalá firmado el 28 de junio de 2016 y en el que se preveía que el importe máximo a abonar a cada uno de los 19 letrados que han trabajado en el 'caso Gürtel' ascendería a 30.000 euros, para lo cual se libró un pago con cargo al Ministerio de 570.000 euros.

El departamento de Delgado advirtió de que si no se reintegraba este montante no se podría desbloquear 7.835.117 euros relacionados con los pagos pendientes por los trabajos realizados de asistencia jurídica gratuita en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018 porque el artículo 34.5 de la Ley General de Subvencione establece que "no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro".

UN AÑO DESPUÉS

"Pasado un año, y coincidiendo con la nueva convocatoria electoral, se pretende seguir sacando rédito político de este asunto", asegura Altodo en un comunicado en el que reivindican "el derecho de los compañeros que fueron designados en este procedimiento a percibir la compensación que les corresponda por su trabajo". "Exigimos que no se les utilice como arma arrojadiza electoral", agrega.

En este sentido, piden al Gobierno de Pedro Sánchez que tenga un "mayor rigor jurídico y que no se viertan informaciones inexactas que perjudican la imagen del colectivo de abogados de oficio", que, según subrayan, "se ha limitado a garantizar por imperativo legal la efectividad del derecho constitucional a la defensa de cualesquiera investigados".

Y ese que, según Altodo, a los abogados que les tocó asistir a los acusados de esta macrocausa no sólo tuvieron que "paralizar sus despachos", sino que tuvieron que "rechazar nuevos casos, que serían incompatibles con el estudio de un procedimiento de tal extensión y sesiones de juicio a jornada completa". "Poner en duda ahora su derecho a percibir una justa compensación por su trabajo es mezquino y muy difícil de entender", subraya.

TODO EL MUNDO TIENE QUE TENER DEFENSA

Así, recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija que tanto las personas físicas como las jurídicas investigadas en procedimiento penales deben "imperativamente" estar defendidas por abogado, lo que significa que si no nombran uno particularmente, tienen derecho a que se les designe uno de oficio "con independencia de que tengan o no derecho a la justicia gratuita".

"De no haberse nombrado abogado a estas personas físicas o jurídicas investigadas, el proceso hubiera quedado paralizado y nunca hubiera habido sentencia, o bien ésta hubiera sido nula de pleno derecho, con el consiguiente escándalo", concluye Altodo.