Acuerdo en el Congreso para fijar, por vez primera en la legislatura, una posición común sobre el Sáhara

Los grupos piden que se faciliten las visitas parlamentarias y se desbloqueen las solicitudes de nacionalidad española de saharauis

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han alcanzado este miércoles un acuerdo por el que fijan, por primera vez en la legislatura, una posición común en torno al contencioso del Sáhara Occidental.

A partir de una proposición no de ley presentada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), modificada posteriormente y negociada con PP y PSOE, los grupos han manifestado su apoyo a un texto que pide al Gobierno "promover acuerdos" con Marruecos para "facilitar la labor de las delegaciones parlamentarias y ONG" que viajan al Sáhara con el fin de tener "una visión real" sobre los ciudadanos que viven en este territorio.

En diversas ocasiones, las autoridades marroquíes han impedido la entrada en el Sáhara Occidental de diputados españoles y europeos que pretendían comprobar de primera mano las condiciones en las que viven los ciudadanos de este territorio.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide al Ejecutivo "buscar una solución equilibrada y adecuada a los casos pendientes de solicitud de nacionalidad española por ciudadanos saharauis".

Este punto es una enmienda del PSOE, que denuncia que existen "más de 400" solicitudes de ciudadanos saharauis para obtener la nacionalidad española que se encuentran actualmente bloqueadas en el Ministerio de Justicia.

También se pide "alentar a las partes" (Marruecos y el Frente Polisario) para que "prosigan sus esfuerzos respectivos por mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf", con el objetivo final de lograr "la vigilancia sostenida, independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos".

Además de reclamarle que apoye la labor de la Minurso --la misión de la ONU en el Sáhara-- y del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, la proposición no de ley insta al Gobierno a "promover en el ámbito de las relaciones bilaterales y en el seno de los organismos internacionales las propuestas de consenso, incluidas aquellas relativas a la vigilancia y protección de los derechos humanos".

El debate sobre la posibilidad de dotar a la Minurso de la competencia de supervisar el respeto de los derechos humanos en la zona es un debate recurrente cada primavera en la ONU, cuando toca renovar el mandato de la misión.

Francia, con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, se ha venido oponiendo a la medida, que llegó a apoyar el año pasado EEUU, irritando enormemente a Marruecos. España, que no está en el Consejo de Seguridad, sí forma parte del Grupo de Amigos para el Sáhara, que redacta la primera versión de la resolución que vota posteriormente el Consejo de Seguridad. En años anteriores, nuestro país se ha mostrado partidario de que Minurso pudiera velar por los derechos humanos.

La iniciativa pactada reclama además al Gobierno que intensifique la colaboración con el Frente Polisario en relación a la ayuda humanitaria y la cooperación técnica, especialmente a través de las ONG de Desarrollo españolas a los campamentos de refugiados saharauis "utilizando a tal efecto todos los instrumentos disponibles de la cooperación pública, tanto de la AECID como de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, mejorando la coordinación entre todas".

El texto insta asimismo al Gobierno a "defender la necesidad de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de la disposiciones conformes a los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas".