La acusación que consiguió que Rajoy testificase recurre el tribunal que juzgará la caja 'b' del PP

Critica que la juez Concepción Espejel haya votado la composición del nuevo tribunal y dice que tendría que haberse abstenido

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular en la trama Gürtel que consiguió que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta, ha recurrido la nueva composición del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará próximamente la presunta financiación ilegal del PP.

La nueva presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la magistrada María José Rodríguez Duplá, propuso nuevos criterios para la composición de los tribunales. Unas condiciones que fueron aprobadas el pasado 4 de diciembre por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y contaron con el voto favorable de la presidenta de esta sala, la juez Concepción Espejel.

Con este acuerdo se aprobó que Rodríguez Duplá presidiese todos los juicios de las diversas piezas de la trama Gürtel, cuyas vistas orales están pendiente de celebración próximamente, así como los otros dos magistrados que formarían sendos tribunales. Adade hace hincapié en la parte que analizará los denominados 'papeles de Bárcenas' y se posiciona en contra de que sea esta magistrada en compañía de José Ricardo de Prada y Juan Pablo González quienes juzguen esta pieza.

De este modo, se ha dejado fuera del tribunal a los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego. Ambos, junto a De Prada, han juzgado el primer juicio de la trama liderada por el empresario Francisco Correa relativa a la primera época de actividades de la red corrupta. En esta vista oral es en la que el presidente del Gobierno testificó al contar con el voto favorable de De Diego y de Prada.

En el recurso de súplica dirigido a la Sección Segunda, la acusación popular denuncia que Espejel ha tomado, en relación a la conformación de los tribunales, una "decisión decisiva" cuando "estaba y está obligada a abstenerse" ya fue recusada y apartada de los tribunales de varias piezas de la Gürtel, entre ellas la relativa a la presunta caja 'b' de los 'populares', por su vinculación a este partido político.

PÉRDIDA DE UNA APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD

Según apunta Adade, en un principio el tribunal que juzgaría la presunta financiación ilegal del PP sería el formado por Rodríguez Duplá, González y Hurtado, pero tras la propuesta de la presidenta de la Sala de lo Penal la composición de la Sala "ha variado" sustituyendo al último de los magistrados por el progresista De Prada.

"Ha resultado acreditado en el ámbito jurisdiccional la existencia de una apariencia de pérdida de la imparcialidad objetiva", recalca el recurso, pues en este caso concreto Espejel no debía "estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la Sala de Gobierno en el conjunto del caso Gürtel".

Por otro lado, destaca que según las normas de reparto vigentes previamente aprobadas y publicadas, la composición de estos órganos colegiados se dictaron por la letrada de la Administración de Justicia --anteriormente denominada secretaria judicial--, como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que las nuevas designaciones no han se han realizado de este modo.

VICIO DE NULIDAD

Es más, apunta que se han hecho por una providencia que "adolece de vicio de nulidad", porque el contenido de la misma "cesando de facto a parte de los anteriores componentes de la misma", debía haberse resuelto mediante un auto. "La providencia impugnada acuerda de forma discrecional alterar la concreta composición del tribunal que ya había sido establecida, asignando al citado tribunal otros magistrados para conocer de la causa", señala el recurso.

La acusación popular destaca que una vez designada la Sala "debe permanecer inalterada" y que la alteración de su composición sólo esta justificada por "causas sobrevenidas", como pueden ser la enfermedad, cambio de destino, fallecimiento, abstenciones y recusaciones, y que la sustitución de los magistrados debe acordarse conforme a las normas previamente aprobadas.