Las acusaciones se oponen a que la Sala del 61 actúe como tribunal de apelación

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La Fiscalía ve "difícil" que Garzón pueda ver revisada su condena por el alto tribunal

   MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Las acusaciones particulares en el juicio que comenzó hoy en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por intervenir las conversaciones en prisión de los imputados de "Gürtel"  con sus abogados han mostrado su oposición con las cuestiones previas planteadas por la defensa al inicio del juicio, entre ellas la de facultar a la Sala del 61 de éste órgano para que actúe como tribunal de apelación en caso de condena.

   En esta causa, en la que se pide para Garzón  hasta 17 años de inhabilitación, se juzga si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones.

   El fiscal Antolín Herrero, se opuso igualmente a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Garzón y señaló que, sin entrar en el análisis de la propuesta (derecho a revisión por un tribunal superior) le parece "dífícil" que la Sala del Artículo 61 se tranforme en "órgano enjuiciador".

   En todo caso, la Fiscalía aprueba que el tribunal señale en la sentencia si cabe recurso contra el fallo que se adopte y agregó que el aforamiento del juez no puede entenderse como "un privilegio".

   El abogado y ex fiscal de la Audiencia Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento, ha calificado la propuesta de "sorprendente" y ha señalado que el hecho de que los aforados, por el hecho de ser juzgados en primera instancia por el Supremo, carezcan de un tribunal superior al que acudir en caso de ser condenado no supone indefensión alguna y ya ha sido resuelta por el propio Tribunal Constituconal.

  "No creemos que se produzca indefensión, sino que se pretende  dar trato desigual al acusado. Es ilegal y contrario a la ley", ha señalado Pelaéz, lo que respaldaron el resto de abogados de la acusación.

   Para el ex juez y abogado del presunto "cabecilla" de "Gürtel" José Antonio Choclán, dicha apelación ante la denominada "Sala del 61" no es viable "porque la legalidad es la que es" y además ser juzgado en primera instancia por el Tribuna Supremo,y que sea éste órgano el que valore directamente las pruebas del caso, supone en todo caso "un privilegio" del juez.

   Sobre las diligencias de prueba solicitadas por la defensa -entre ellas las decisiones adoptadas por el juez del Tribunal Superior Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  Antonio Pedreira, quien prorrogó las escuchas en prisión una vez fue encargado del "caso Gürtel" tras la inhibición de Garzón- todas las acusaciones coinciden en que son innesarias porque atañen a decisiones ajenas a la actuación del acusado, que se concreta entre los meses de febrero y marzo de 2009.

AUDICIÓN A PUERTA CERRADA

   Choclán señaló que, en caso de aprobarse la audición de las escuchas -tal y como ha solicitado Garzón para demostrar que buscaba perseguir delitos, y no atentar contra el derecho de defensa-, ésta debería realizarse a puerta cerrada. Con esta posibilidad coincide el Ministerio Fiscal.

   Para Peláez, sin embargo, todas las pruebas solicitadas por el defensor de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, son innecesarias, entre ellas la declaración como testigo del propio Pedreira. "Si alguna persona se considera perjudicada por el juez del tribunal superior que inicie  las acciones oportunas", ha señalado el ex fiscal, que negó que las decisiones de la Sala hayan cercenando el derecho de defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.

   Con este diagnóstico coincide Pablo Rodríguez Mourullo, que defiende al también imputado en "Gürtel" Pablo Crespo,  que considera igualmente que  la introducción de nuevos medios de prueba es innecesaria.

   Garzón se enfrenta en este proceso a un máximo de 17 años de inhabilitación que solicitan las acusaciones particulares, mientras que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta acusación por no ver delito en su actuación, solicitando en su escrito la absolución de Garzón "con todos los pronunciamientos favorables".

   La Sala que juzgará a Garzón, que se encuentra suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, está presidida por el magistrado Joaquín Giménez, y completan el tribunal Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.