AF y APIF piden al fiscal general suspender la votación sobre la candidatura de Delgado a fiscal de Memoria Democrática

La APIF pide a García Ortiz que se abstenga al cuestionar su "imparcialidad" con la exfiscal general

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los vocales electos al Consejo Fiscal de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el Pleno adelantado para el 8 de junio en el que se pretende votar sobre la candidatura de Dolores Delgado a la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática al considerar que pronto podría haber un nuevo Gobierno y "tal vez" otra persona al frente del Ministerio Público.

En una misiva firmada este miércoles, recogida por Europa Press, los seis vocales de la AF en el órgano consultivo aseguran que les "sorprende" que "poco después" de que el presidente del Gobierno anunciara la disolución de las Cortes se convocase el Pleno del Consejo Fiscal para el 8 de junio cuando estaba previsto para el 19 de junio.

"Ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de Fiscal General por el nuevo parlamento y gobierno", subrayan los firmantes.

En este sentido, consideran que la "premura" en la convocatoria "hace pensar que lo que se pretende por el fiscal general es apurar los plazos, legales, pero no adecuados al hasta ahora normal proceder de la Fiscalía General del Estado, para el nombramiento en puestos destacados de personas de su confianza".

Según los vocales de la AF, dicha actuación "leva a un aumento de Fiscales de Sala y al designio de personas en la más alta institución de la Fiscalía que son de la confianza del actual fiscal general del Estado, pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo fiscal general".

Para estos vocales, el "apresurado cambio de fechas" acordado por García Ortiz "da la apariencia de que las personas que serán nombradas ya están en la cabeza del fiscal general del Estado, con independencia de lo que diga el Consejo Fiscal".

Así las cosas, sostienen que, a su juicio, "no existen razones de urgencia" que avalen la necesidad de cubrir las plazas para las que se convoca al Consejo Fiscal. Y reclaman que se suspenda tanto el Pleno del 8 de junio como el del 19.

"EXISTE MUCHA ALARMA EN LA CARRERA"

Por su parte, el presidente de la APIF, Salvador Viada, ha enviado un escrito al fiscal general en el que también pide suspender el Consejo Fiscal adelantado para el 8 de junio o que, al menos, se abstenga en la adjudicación de la plaza a la que aspira su antecesora.

"El vocal que suscribe no puede sino alarmarse por la celebración de un Consejo Fiscal --convocado con extraordinaria urgencia-- en el que se van a informar dos plazas de fiscal de sala, dos horas después de que el presidente del Gobierno anunciara la celebración de elecciones generales para poco menos de dos meses", señala en el escrito al que también ha tenido acceso Europa Press.

Además, Viada --el único vocal de la APIF en el Consejo Fiscal-- asegura que su sorpresa no es aislada, sino que "existe mucha alarma en la carrera (fiscal) por este asunto".

Aclara que no cuestiona la legalidad de anticipar este cónclave sino "la oportunidad", por cuanto "en pocos meses se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado".

Por ello, pide a García Ortiz suspender este Consejo Fiscal. "Desde una perspectiva de respeto institucional, convendría dejar esos nombramientos hasta que un fiscal general, con cuatro años por delante de mandato, pueda trabajar designando a los fiscales de sala referidos conforme a un proyecto de futuro y no por el cortoplacismo y la urgencia de designar a los últimos altos cargos de la Fiscalía que sea posible antes del vencimiento del mandato", indica.

En el caso de que García Ortiz opte por mantener la cita del 8 de junio, Viada ofrece una alternativa: que se abstenga de la decisión sobre el puesto al que aspira Delgado. Y ello, expone, porque los fiscales tienen un deber de imparcialidad que cree que el actual fiscal general no puede predicar en lo tocante a su predecesora por sus "relaciones personales y profesionales".

A este respecto, detalla que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la "generosidad" y a "honestidad" de la también ex ministra de Justicia.

"Me pregunto, desde el respeto a usted, y también a los cuatro aspirantes a la plaza que nos ocupa, si presenta una imagen de imparcialidad para resolver el asunto sin que el peso de las relaciones cruzadas que ha tenido con una de las candidatas pueda suponer una sospecha que contaminaría la decisión y lesionaría el derecho a una decisión imparcial de los demás candidatos", apunta.

"LESIÓN" AL MINISTERIO FISCAL

En este sentido, Viada recuerda que "el riesgo de tomar una resolución por un órgano que debiera haberse abstenido podría suponer, eventualmente, y ante un recurso, la invalidez del acto adoptado (...), pero, sobre todo, en mi opinión, una lesión a la credibilidad del Ministerio Fiscal y un agravio a los demás candidatos y al conjunto de la carrera fiscal".

Advierte además de que "parecidas circunstancias", aunque no con la misma "intensidad", se dan en la inspectora fiscal, María Antonia Sanz Gaite, porque también fue ascendida en su día por Delgado al tercer puesto de responsabilidad en la carrera fiscal.

"Por ello, someto a la consideración de usted examinar --en caso de optar por no suspender la celebración del Consejo Fiscal-- si se dan en el presente caso las causas para que la imparcialidad objetiva de usted pueda verse afectada por dar una imagen objetiva de interés personal en la resolución de la plaza de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y proceda, en su caso, a abstenerse en el presente expediente", plantea.

YA EN LA MÁXIMA CATEGORÍA

Fue el pasado 11 de mayo cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la carrera fiscal, un total de 9, entre las que cabe resaltar dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y contra Delitos de Odio y Discriminación.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.

Cabe recordar que Delgado ascendió a la máxima categoría de la carrera fiscal el pasado septiembre, un par de meses después de que dimitiera como fiscal general alegando problemas de salud. Aunque ese octubre debía haberse incorporado a su plaza en la Audiencia Nacional, García Ortiz la promovió a fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS), concretamente de la Sala de lo Militar.

En ese Pleno, celebrado el 22 de septiembre, la mayoría del Consejo Fiscal se posicionó en contra de ascender a Delgado a fiscal de sala, ya que los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) votaron por otro candidato y solo 4 vocales -los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las vocales natas: la teniente fiscal del TS María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe María Antonia Sanz-- lo hicieron por la ex fiscal general.

No obstante, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, por lo que en materia de nombramientos se pronuncia pero la decisión final compete al jefe del Ministerio Público que, en este caso, se decantó por Delgado.