Los agentes de la UCO acuden con González a su despacho profesional para proceder a un registro documental

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han desplazado al despacho profesional del expresidente Ignacio González para iniciar el registro documental ordenado por el juez Eloy Velasco dentro de la 'Operación Lezo' por presunta corrupción en la gestión del Canal de Isabel II, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Durante el registro, está presente el expresidente madrileño, que ha llegado al mismo alrededor de las 20:00 horas. Se realiza una vez que ha concluido la inspección al domicilio del que fuera presidente del Canal de Isabel II, un registro que se ha alargado durante diez horas. Ignacio González ha salido de su domicilio a las 19.20 horas en un coche que formaba parte de una comitiva de seis automóviles de la Guardia Civil, unos camuflados y otros coches patrullas de la Benémerita. Unos 20 minutos antes había salido de la casa su abogado, quien comunicó escuetamente a los periodistas que había concluido el registro, que había durado unas 10 horas. Está previsto que el expresidente de la Comunidad de Madrid pase la noche en los calabozos de la Unidad de Detenidos de la Comandancia de Tres Cantos, donde se le espera tarde, ya por la noche. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles al expresidente de la Comunidad de Madrid en el marco de la 'operación Lezo', que investiga el presunto desfalco del Canal de Isabel II, han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que confirman el arresto también de un hermano y un cuñado del exjefe del Ejecutivo madrileño. Las citadas fuentes han explicado que entre los doce detenidos se encuentra, además del exjefe del Gobierno regional y presidente del Canal Isabel II entre 2003 y 2012, su hermano Pablo González y un cuñado, José Juan Caballero, todos ellos como presuntos integrantes de un entramado familiar que se habría servido de la cercanía con Ignacio González para desviar fondos de operaciones llevadas a cabo a través de la empresa pública de aguas. La investigación se centra en la compra fraudulenta de filiales en Iberoamérica y también en otras operaciones sospechosas relacionadas con la venta de suelo propiedad de la empresa de aguas de Madrid. En una de esas operaciones intervino como promotor José Juan Caballero. Se trata de la construcción del parque deportivo de golf en Chamberí, que se encuentra a escasos metros de la sede central del Canal Isabel II en Santa Engracia en la que se ha personado este miércoles la Guardia Civil. José Juan Caballero es cuñado de Ignacio González y figura, según los investigadores, en el círculo de personas de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid. Las obras y la explotación del campo de golf en Chamberí fueron adjudicadas durante su etapa como máximo responsable en el Canal a empresas temporales dirigidas por un entramado familiar en el que figuran el hermano y el cuñado de González. La UCO ha desplegado bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco un amplio operativo desde las ocho de la mañana. Se han practicado más de 30 registros, principalmente en Madrid, aunque también se han realizado en empresas y domicilios situados en Valencia. El juez acusa a los doce detenidos de ocho diferentes delitos de corrupción: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Entre las empresas a las que se ha requerido información figuran Mercasa, de la que es directivo Pablo González, y Subastas Segre, de la que es propietaria la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Mercasa es una empresa pública de la Administración del Estado que presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria gestionando los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid o Mercabarna. Los requerimientos para obtener información, con orden judicial para proceder a registros en el caso de que no haya colaboración, se han dirigido contra otras empresas como la agencia de comunicación ICM. Los agentes de la UCO llevan más de un año investigando esta presunta organización criminal en una operación que continúa abierta. La causa judicial, declarada secreta, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas un año antes, en 2015, han precisado fuentes del Ministerio Público. La investigación de estas irregularidades, por lo tanto, es bastante anterior a la investigación interna que fue anunciada en mayo de 2016 por el Gobierno de Cristina Cifuentes. En dicha ocasión, la Comunidad de Madrid informó de que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar, en calidad de testigo, a cinco personas por este asunto entre las que se encuentran la actual presidenta autonómica de Madrid, Cristina Cifuentes, y al portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido. REGISTROS EN EL CANAL DE ISABEL II Efectivos de La Guardia Civil han registrado así la sede del Canal de Isabel II en la calle Santa Engracia ante una gran expectación mediática a las puertas del inmueble. Según han explicado varios trabajadores, un destacado dispositivo de la UCO de la Guardia Civil, de unos 20 efectivos, se han personado en la sede del Canal de Isabel II ubicada en la calle Santa Engracia para recabar diversa documentación en las oficinas de la entidad. Los agentes del Instituto Armado se personaron sobre las 8.30 horas con un numeroso dispositivo, según algunos de los trabajadores y se encuentran en las oficinas del Canal para solicitar diversa documentación sobre la actividad de la entidad. Uno de estos trabajadores, que lleva trabajando unos 30 años en el Canal, ha señalado que ha sido testigo de la entrada de los agentes para efectuar el registro. Este mismo empleado ha lamentado la imagen del Canal se haya visto "ensuciada" por esta investigación de "presunta corrupción". "Es una vergüenza", ha apostillado. Varios efectivos del Instituto Armado flanquean las entradas de esta sede y dos vehículos de la Guardia Civil están aparcados en los alrededores mientras otros agentes de la Guardia Civil permanecen en el interior del inmueble. La operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha generado gran expectación mediática, con diversos equipos de los medios de comunicación apostados frente al edificio. Además, la intervención ha sorprendido a los madrileños que pasean por la calle Santa Engracia. Muchos de ellos se han detenido para hacer fotos ante la presencia de los medios y de la Guardia Civil. CIFUENTES TRASLADÓ UN INFORME A LA FISCALÍA La operación parte de documentación que el Gobierno de Cristina Cifuentes trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar "anomalías" en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica. En mayo de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013. Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones. Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito. Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González. Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia. Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao. Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra. Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas. La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa. Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones. La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades off-shore y también administración desleal. La compra de Emissao Engenharia e Construçoes la llevó a cabo directamente la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del grupo Canal en Colombia, sin pasar por el consejo de administración ni del ente del Canal Isabel II ni de Canal Gestión. Según han explicado a Europa Press fuentes de la empresa pública, la compra de esta empresa, que pasó a valer de los 21 millones iniciales por los que se adquirió a 5 millones de euros un año después, se cerró por parte del equipo directivo de la filial del Canal y que fue aprobado por el consejo de esta empresa. En ningún caso, como han recordado desde el Canal, pasó por el consejo de administración del ente del Canal, donde la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estuvo como consejera en su calidad de delegada de Gobierno en Madrid. En concreto, estuvo entre el 1 de marzo de 2012 y el 20 de marzo de 2014, cuando dejó de ser consejera por petición propia. Un año después dejaba la Delegación de Gobierno para convertirse en candidata por el PP de Madrid a la Comunidad. EL CANAL ANUNCIÓ QUE IBA A CERRAR 10 EMPRESAS EN IBEROAMÉRICA El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, anunció el pasado mes de julio que Canal iba a cerrar las diez empresas que tenía en Iberoamérica porque tenían "poca actividad" o realizaban actividades que "no se corresponden con las propias del canal". En julio, Garrido explicó que se iba a dar orden de cerrar diez empresas, o "quizá alguna más". Además, avanzó que se iba a elaborar un informe del resto de empresas para tomar una "determinación" con respecto al conjunto de compañías que tiene el Canal en Latinoamérica. "Se va dar orden de que diez empresas, quizá alguna más, que tienen poca actividad o que realizan actividades que nosotros entendemos que no se corresponden con las propias del Canal, relativas al ciclo integral del agua, se cierren. Además elaboraremos un informe del resto de empresas para tomar una determinación con respecto al conjunto de las compañías en Latinoamérica. Pero de momento se va a dar orden de cierre a 10, que o bien no tenían actividad o no era una actividad razonable y compatible con la que tiene el Canal", explicó. Por otra parte, Garrido avanzó que ya habían entregado a la Fiscalía la documentación sobre la compra de la empresa brasileña Emissao que obraba en su poder. ESTE ES EL MOMENTO EN EL QUE PASA EL TRAMABÚS POR EL CANAL

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