La AJFV envía a la Eurocámara un informe sobre el "ataque" a los jueces de varias ministras, incluida la de Justicia

Recoge declaraciones de Pilar Llop, Ione Belarra e Irene Montero que según considera deslegitiman el Poder Judicial

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha elaborado y remitido al Parlamento Europeo un informe que recoge la "preocupante realidad" que suponen los "constantes ataques al poder e independencia judicial por parte de los políticos". Ha incluido en el texto declaraciones de las ministras Ione Belarra, Irene Montero y Pilar Llop que, a su juicio, deslegitiman el Poder Judicial.

Según ha explicado la asociación en una nota informativa recogida por Europa Press, el informe --que lleva por nombre 'La deslegitimación del poder judicial como estrategia política en España'-- se enmarca en la línea de colaboración de las asociaciones judiciales con la Eurocámara.

En el texto, la AJFV ha subrayado que los "ataques" al sistema judicial con "fines políticos" conllevan una "degradación" de los derechos fundamentales. A su juicio, "contribuyen a socavar la legitimidad del poder judicial y, con ello, debilitan el instrumento de satisfacción de la tutela efectiva de los ciudadanos en el disfrute de sus libertades".

En el informe remitido al Parlamento Europeo, la AJFV ha incluido distintos pronunciamientos del PSOE y Unidas Podemos --partidos que forman la coalición del Ejecutivo-- en lo que considera el "despliegue continuado del discurso deslegitimador del Poder Judicial".

DECLARACIONES DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

Así, ha subrayado que "miembros del Gobierno y del poder legislativo han incurrido en estas prácticas" de deslegitimación. Ha recordado la frase de la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra sobre el fallo del Tribunal Constitucional relativo al primer estado de alarma. "En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces", dijo.

Ha añadido también las declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre que era "bastante improbable" que el Supremo pudiera anular los indultos; y las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando expresó su apoyo a Juana Rivas y denunció "maltrato judicial".

La asociación ha incluido a su vez declaraciones del exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo Pablo Iglesias y de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo.

Desde la AJFV han recordado que aunque "siempre" ha habido críticas a decisiones judiciales por parte de los políticos, en los dos últimos años "se han intensificado y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión".

En el marco del informe, han recordado la vez que desde la asociación se pidió la dimisión del exministro de Justicia Rafael Catalá por la "temeridad" de sus críticas al juez de 'La Manada'. Han insistido, sin embargo, en que entonces se trataba, "al menos en apariencia", de "reacciones puntuales".

"ESTRATEGIA COORDINADA"

El portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, ha asegurado que "el elemento más grave y novedoso es que esos ataques se están produciendo desde las propias instituciones". En este sentido, ha destacado que en los últimos años dichos ataques "cada vez son más frecuentes y virulentos" y con una "estrategia coordinada en redes sociales".

La asociación ha puntualizado que se observa "toda una estrategia de deslegitimación del poder judicial con afirmaciones o consignas de descrédito social de los jueces y tribunales".

Según ha precisado, dichas aseveraciones están "basadas en prejuicios" y no tienen como finalidad la "sana crítica", sino que buscan "someter a influencia y control la independencia judicial, mermando el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva, así como la garantía de los derechos fundamentales".

AVISAN QUE LOS ATAQUES MERMAN LA CONFIANZA EN LA JUSTICIA

El estudio llevado a cabo por la AJFV recoge varios elementos que se repiten de manera reiterada. Entre ellos, destaca las denuncias sobre la falta de legitimidad democrática de los jueces, en especial en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Incluye, también, la politización de los jueces por su participación política y posterior regreso a la judicatura.

Asimismo, añade a la lista las acusaciones vertidas sobre el sistema de acceso a la carrera judicial, que ha sido calificado de "elitista", y sobre los supuestos vínculos entre jueces y los núcleos de poder económico y político asociados a la corrupción.

En este sentido, el informe concluye que de esta estrategia de deslegitimación "se derivan grandes riesgos", principalmente la "destrucción" de la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

Así, la asociación ha insistido en que cuando las críticas provienen de quienes desempeñan cargos en el Ejecutivo o el legislativo --y esta "exceden de la legítima expresión de una discrepancia con lo resuelto"-- se compromete "gravemente" la independencia judicial y, con ello, el correcto funcionamiento de los equilibrios institucionales básicos del Estado de Derecho.