Albares se verá el miércoles con Metsola para tratar la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Eurocámara

BRUSELAS 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recibirá el próximo miércoles en Bruselas al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para abordar la petición del Gobierno de que se autorice el uso del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Eurocámara.

El encuentro, que ya intentaron a principios de mes pero que quedó aplazado por ser en los días posteriores a la catástrofe de la DANA en el este y sur de España, tendrá lugar en Bruselas poco antes del mediodía, indican fuentes parlamentarias a Europa Press, y se produce cuando Metsola ha encargado ya un informe para evaluar el coste e impacto práctico y legal de la eventual oficialidad.

Albares solicitó este encuentro en una carta formal enviada el pasado septiembre a la conservadora maltesa para relanzar la idea de promover en la Eurocámara un acuerdo administrativo que permita el uso de las tres lenguas cooficiales en las sesiones plenarias, siguiendo el modelo de acuerdos similares que ya existen con la Comisión Europea y el Consejo para, por ejemplo, la traducción de documentos.

Durante su comparecencia este jueves en el Congreso de los Diputados, Albares ya había adelantado que esperaba verse "muy próximamente" con Metsola para abordar esta cuestión. "Yo espero que la votación sea muy próxima", le explicó al diputado de ERC que le había preguntado por la oficialidad del catalán en la UE.

El Gobierno trató durante el semestre en que España asumió el pasado año la presidencia rotatoria del Consejo de la UE relanzar una reforma del reglamento de lenguas comunitario para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión, pero las reservas de un gran número de países sobre su coste y su impacto legal y práctico aparcó esta negociación a Veintisiete.

La modificación del marco europeo sobre lenguas es una de las reivindicaciones incluidas en el acuerdo del PSOE con Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y fuentes del Gobierno sostienen que las conversaciones con el resto de capitales continúan para resolver las dudas de los socios, si bien el asunto no ha vuelto a estar en la agenda de discusión de los Veintisiete.

Por ello, el Gobierno busca en paralelo reactivar las negociaciones dentro del Parlamento Europeo que permitan un régimen de uso de las tres lenguas en las sesiones plenarias sin esperar a que los Veintisiete abran una eventual negociación para una reforma del reglamento que oficialice el reconocimiento de los tres idiomas.

De hecho, la carta de Albares a Metsola el pasado septiembre fue el tercer escrito remitido por el jefe de la diplomacia española a la presidenta del Parlamento Europeo sobre el tema, tras una primera carta en septiembre de 2022 y otra en marzo de 2024.

A falta de que ambos se vean en Bruselas el miércoles, Metsola dio ya en octubre un primer paso al encargar un informe sobre el impacto práctico, político y económico de la oficialidad de las tres lenguas cooficiales para poder evaluar las consecuencias de tal cambio antes de tomar una decisión.

El encargo está en manos del grupo de trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos en el que participan cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos españoles: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).

El objetivo es tener datos claros del coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras, pero también valorar otros elementos asociados como si habría personal cualificado suficiente para asegurar las interpretaciones de las tres lenguas o cuáles serían las implicaciones si otros países con lenguas minoritarias quisieran seguir el mismo ejemplo.

Metsola no ha puesto fecha para concluir la evaluación de impacto, pero las fuentes consultadas por Europa Press hablan de "meses más que semanas" y descartan que el asunto pueda dilatarse más allá de la legislatura actual.

Esta es la tercera vez en que la oficialidad del catalán, euskera y gallego llega a la Mesa, pero es la primera en que el punto tiene un seguimiento político, ya que en el pasado no hubo "apetito" por abordar el debate de fondo. También ocurre tras el cambio de legislatura en el que el equilibrio de representantes de los diversos partidos en el 'Bureau' de la Eurocámara ha variado.

ESPECIFICIDADES DEL CASO ESPAÑOL

El Gobierno defiende la especificidad española respecto a otras lenguas oficiales pero minoritarias en otros países de la UE ya que, argumenta, en las regiones en donde se hablan estas lenguas viven más de 20 millones de personas, están reconocidas por la Constitución y son lenguas de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado.

Para superar las dudas, además, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas como oficiales en la UE.

Según unas estimaciones preliminares de la Comisión Europea la factura ascendería a los 132 millones de euros anuales, pero ello basándose en la experiencia con el gaélico y su uso en todas las instituciones de la UE, por lo que no es extrapolable al uso de catalán, gallego y euskera en las sesiones plenarias.

Además, dada la reticencia de algunos socios, Albares ha amenazado con llevar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) "si hiciera falta", si bien ha reconocido que aún se está "lejos" de llegar a ese punto y que no hay "obstáculos reales" para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego pueda ser una realidad.