Sociedad Civil Catalana reclama 5,3 millones a los líderes del 'procés' y pide a la Fiscalía que actúe

Presenta demanda ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-0 y la acción de exterior de la Generalitat

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas su demanda contra 11 exaltos cargos del Govern, entre los que incluye a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y al exvicepresidente Oriol Junqueras, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, les ha reclamado 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable y ha apelado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a que actúen para recuperar las presuntas cantidades malversadas.

La entidad ha atribuido a los 11 excargos cantidades individuales por conceptos concretos que supuestamente aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos, aunque todos deberán responder de forma solidaria al total de 5.309.807 de euros.

SCC ha atribuido gastos de 3,3 millones euros a Puigdemont; 2,5 millones a Junqueras, y 1,8 millones a Mas. En la lista ha incluido también a los exconsejeros Dolors Bassa, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Francesc Homs, Lluis Puig, Raul Rmeva, Jordi Turull y Neus Munté.

"La demanda va contra excargos como responsables máximos del entramado delictivo y queremos que devuelvan los euros malversados y que se dediquen a fines legales", ha dicho la vicepresidenta de SCC, Elda Mata, en declaraciones a Europa Press a su salida del Tribunal de Cuentas. En el texto, han insistido en que "todos los denunciados tuvieron una intervención decisiva en los gastos descritos en la denuncia que generaron el daño a los fondos públicos".

La demanda de SCC tiene lugar después de que el pasado noviembre el Tribunal de Cuentas abriera la fase de enjuiciamiento para los encausados por los gastos del referéndum ilegal de 2017 y los gastos del Govern para promocionar las denominadas 'embajadas catalanas'. Por el primero de los conceptos, relacionado al 1-O, el órgano fiscalizador reclamó 4,1 millones de euros en un acta de liquidación provisional emitida en 2020. Por el segundo, relativo al Diplocat, requirió 5,4 millones de euros.

AVISO A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Los representantes de Sociedad Civil Catalana se han presentado este jueves ante el Tribunal de Cuentas con una demanda de 114 folios. En el texto, ha hecho hincapié en que no puede recaer en su institución --"como actor público y entidad con recursos materiales y económicos muy limitados"-- la persecución de todas las responsabilidades contables derivadas de la actuación del Govern.

A su juicio, "deberán ser los poderes públicos y las instituciones del Estado los encargados de la persecución y solicitud de reintegro de todas las cantidades malversadas por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre".

En este sentido, ha recordado que fue la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y SCC quienes denunciaron los gastos directos asociados al 1-O, "por lo que en coherencia es lógico que sean ambos los que persigan mediante la correspondiente demanda al reintegro de las cantidades presuntamente malversadas".

"Incluso creemos que ostentaría la Abogacía del Estado una legitimación indirecta al haber sido parte en el procedimiento penal seguido ante el Tribunal Supremo, ante el cual interesó junto con el Ministerio Fiscal la remisión de particulares y de la sentencia al Tribunal de Cuentas para el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas", ha añadido.

Respecto a la responsabilidad por la acción exterior de la Generalitat, SCC ha señalado que no se puede obviar que esta deriva de dos denuncias presentadas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Así, ha defendido que "deberán ser dichos organismos del Estado los que por coherencia deberán perseguir el reintegro que resulta de dichas liquidaciones y a las que, por cierto, no se opusieron en la liquidación practicada el pasado 29 de junio de 2021 en señal de conformidad".

La vicepresidenta de SCC en declaraciones a Europa Press ha apelado también a la colaboración económica de los ciudadanos y ha avanzado que desde este mismo jueves ponen en marcha un sistema de recaudación de fondos por medio de Internet. "Creemos en la convivencia y el progreso en un marco de respeto del estado de derecho y nos implicamos", ha zanjado.

FONDOS PÚBLICOS PARA "ACTIVIDADES ILEGALES"

En los 114 folios de la demanda, Sociedad Civil Catalana ha respaldado la tesis de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas y ha asegurado que las personas contra las que se dirige la demanda "emplearon fondos públicos que estaban a su cargo para financiar actividades ilegales, extralimitadas de sus competencias y abiertamente desconectadas a los fines públicos legalmente confiados al ente público con cuyos presupuestos decidieron financiarlas".

Según ha indicado, dichos excargos destinaron 3.903.294 euros a financiar la celebración del referéndum ilegal del 1-O y 5.150.711 euros para actividades de promoción en el ámbito internacional del proceso secesionista "carentes de relación con las competencias legalmente atribuidas" a Cataluña.

La entidad ha defendido que la salida de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal "se canalizó por los demandados a través de una serie de contratos, encomiendas y encargos a contratistas que fueron suscritos, siguiendo sus órdenes e iniciativa, por funcionarios jerárquicamente subordinados o entes dependientes".

Ha subrayado, además, que --en el momento en que se realizaron los gastos a los que se refiere la demanda-- "todos los demandados ostentaban cargos en el Govern de la Generalitat". Por ello, han insistido en que "es indudable que tenían la condición de gestores de fondos públicos de la Generalitat de Cataluña, siendo por tanto cuentadantes en relación con el uso de los fondos por ellos utilizados en cuanto requisito necesario para poder ser declarados responsables contables".

En este sentido, han asegurado que al destinar los recursos que gestionaban a fines distintos de los señalados por la Ley "actuaron con desviación de poder, quebrantando el más elemental deber de lealtad exigible a todo gestor público".

Así las cosas, Sociedad Civil Catalana ha señalado que tanto Puigdemont como el resto de miembros del Govern "eran plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron desde el mismo momento de su convocatoria".

Ha insistido en que "actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaba o autorizaba con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo por tanto una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable".

Por ende, ha incidido en que la actuación de los 11 excargos "no fue fruto de una interpretación equivocada de lo que la Constitución impone o permite en cada caso, sino el resultado de un abierto rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma, y de las resoluciones del Tribunal Constitucional, como máximo interprete".