La CNMC aboga por dividir más el megacontrato de 505 millones para las telecomunicaciones de la AGE

Busca fomentar una contratación pública "más eficiente y respetuosa con los principios de libre competencia"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aboga por dividir en más lotes la licitación publicada por el Ministerio para la Transformación Digital para la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado (AGE) y de otras entidades públicas, un contrato cuyo valor estimado máximo se sitúa en 504,59 millones de euros.

Tras analizar los pliegos de la licitación, que ya está dividida en cuatro partes, la CNMC "considera una prioridad estratégica fomentar una contratación pública más eficiente y respetuosa con los principios de libre competencia", según ha detallado en un comunicado publicado este lunes.

"El sector de las telecomunicaciones ocupa un lugar clave en la contratación pública debido al alto nivel de gasto que representa y a su tendencia a la concentración", ha añadido el organismo.

De este modo, la CNMC ha afirmado que comparte iniciativas como la agregación de la demanda en contratos centralizados, ya que pueden contribuir a un "uso más eficiente de los recursos públicos".

Entre las recomendaciones de la CNMC tras analizar los pliegos de este contrato público, el organismo aboga por desagregar aún más los cuatro lotes actuales para "permitir que participen más operadores y evitar una posible falta o escasez de oferentes".

Asimismo, también es partidaria de realizar un "diagnóstico detallado" sobre la oferta y las necesidades de los servicios para garantizar una "correcta planificación y toma de decisiones".

Además, recomienda justificar los presupuestos y los criterios del contrato "de forma más detallada", así como ampliar a dos meses el plazo de presentación de ofertas (que acaba el 9 de enero de 2025) debido a la "complejidad" del contrato y también para ajustar los periodos de implantación de cada lote (entre 9 y 12 meses).

También insta a reevaluar las exigencias de solvencia y las reservas sin cargo para "evitar barreras innecesarias" que limiten la participación de operadores.

Otro de los puntos sobre los que la CNMC ha realizado observaciones tras analizar el pliego del contrato tiene que ver con los criterios de adjudicación, un aspecto en relación al cual aboga por "favorecer la objetividad y evitar valoraciones subjetivas para garantizar la transparencia del proceso".

En cuanto a la duración del mismo, la CNMC recomienda establecerla teniendo en cuentra el contexto específico del contrato para evitar "recurrir automáticamente a las duraciones máximas permitidas por la ley".

El organismo también es partidario de incluir cláusulas que refuercen el conocimiento de la normativa de competencia y del sector de las telecomunicaciones para "disuadir a las empresas de cometer infracciones".

A ello se suma la recomendación por parte de la CNMC de que se asegure "la no discriminación" entre los nuevos ofertantes y los actuales proveedores de los servicios en cuanto al acceso a la información necesaria para presentar las ofertas.

TELEFÓNICA, PRINCIPAL ADJUDICATARIA

En concreto, el Ministerio para la Transformación Digital publicó a finales del pasado noviembre la licitación de la tercera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE y de otras entidades públicas.

"El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de comunicaciones (voz y datos, fijos y móviles) e internet en el territorio español y fuera de él necesarios para dotar a las entidades de la Administración General del Estado y otras Entidades Públicas (...) de una comunicación de calidad para todas sus ubicaciones y todos sus empleados, partiendo de la situación actual y con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales", detalla la documentación publicada en el portal de contratación del Estado recogida por Europa Press.

Los pliegos actuales del expediente señalan que el contrato tendrá una duración de cuatro años y que supone una mejora de la seguridad en las telecomunicaciones de la AGE y de las entidades públicas con el objetivo de "hacer frente a los ciberataques", motivo por el cual se añadirán servicios que incrementarán las prestaciones actuales del sistema.

En cuanto a los lotes, el primero de ellos, relativo a la red de datos nacional, tiene un valor estimado de 152,15 millones de euros, mientras que el del segundo, destinado a la red de voz fija y móvil nacional, asciende a 158,34 millones de euros.

El tercer lote, vinculado a los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e internet, tiene un valor estimado de casi 104 millones de euros, mientras que el del último, relacionado con la red internacional, asciende a 90,16 millones de euros.

La primera fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, un contrato valorado inicialmente en unos 280 millones de euros, se adjudicó en 2015 por un importe cercano a los 165 millones de euros.

El grueso de ese contrato fue adjudicado a Telefónica, que se hizo con tres de los cuatro lotes por un importe conjunto de 129,26 millones de euros, mientras que la filial española de British Telecom (BT) logró la otra parte de la licitación por 35,7 millones de euros.

En tanto, la segunda fase de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, un contrato valorado en principio en casi 380 millones de euros, se adjudicó en 2019 por poco más de 223 millones de euros.

En esta ocasión Telefónica se llevó dos de los cuatro lotes en los que estaba dividido el contrato por un importe conjunto de 162,34 millones de euros, mientras que Vodafone logró una de las partes por 12,52 millones de euros y la filial española de BT consiguió la otra por 48,36 millones de euros.

De este modo, Telefónica, de la que el Estado posee desde hace unos meses un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), acumuló cerca de 300 millones de euros en licitaciones en los contratos de la fase uno y dos de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, mientras que BT consiguió, entre los dos procesos, unos 84 millones de euros.