El excuñado de Rato dice que los delitos que se le imputan han prescrito y que se ha vulnerado su derecho de defensa

Está acusado de manejar las cuentas del exministro en el extranjero y de gestionar las estructuras societarias

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Santiago Alarcó, excuñado del que fuera ministro de Economía Rodrigo Rato, ha sostenido este lunes, durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por el presunto incremento ilícito del patrimonio del que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que los hechos que se le imputan a él y que pueden suponer un delito de blanqueo de capitales han prescrito, y ha añadido que en el procedimiento se ha vulnerado su derecho a la defensa por no tener acceso a la causa hasta poco antes de ser procesado.

Sobre Alarcó, la Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito de acusación que tuvo un papel especialmente relevante en la operativa delictiva porque habría manejado las cuentas de Rato en el extranjero y gestionado las estructuras societarias.

Pero este lunes, el abogado de Alarcó, que desde un inicio ha solicitado su absolución, ha mantenido que se ha dado una "indefensión insubsanable" en el procedimiento y ha acusado al Ministerio Público de realizar manifestaciones "sin fundamento fáctico y gratuitas" contra su defendido.

"No hay ni una transferencia en 161 páginas --de escrito de acusación-- mas allá de la 2006" por valor de 120.000 euros, ha explicado refiriéndose a un pago desde una sociedad --Rubicón-- de la que, ha asegurado, Alarcó solo era directivo y no propietario hacia una mercantil de Rato --Kradonara--.

"No hay ni un hecho concreto que permita hacer esas afirmaciones del escrito de acusación", ha añadido para luego subrayar que, no obstante, los hechos de 2006 habrían prescrito porque transcurrieron más de diez años desde que se comenzaron a investigar en 2018.

Por otro lado, ha planteado que se ha vulnerado su derecho a un procedimiento con todas las garantías, y en particular del derecho a la defensa. Y esto lo ha mantenido porque entiende que tuvo acceso a la documentación de "millones de páginas" pocas semanas antes de ser procesado, mientras que la acusación estuvo durante seis años investigando.

"Se ha dado una vulneración del principio de igualdad de armas", ha indicado, para luego apuntar que esos fallos en la instrucción hacen imposible la defensa ante "alegaciones genéricas".

DOMINGO PLAZAS DENUNCIA "COPIADO MASIVO"

Este lunes también ha sido el turno de cuestiones previas del abogado y asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, del que la Fiscalía dice que era administrador de la empresa española Kradonara --filial de la británica Vivaway-- y que organizaba para Rato la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury.

Su defensa ha solicitado que se acepte como prueba --que se les denegó en la instrucción-- el decreto que atribuía la causa a Anticorrupción y no a la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha indicado que en el caso se ha dado una vulneración de derechos fundamentales para su defendido respecto a la imputación de delitos fiscales de lo ejercicios 2014 y 2015.

Además, ha sostenido que las acusaciones respecto a los ejercicios fiscales que van de 2005 a 2010 habrían prescrito, tal y como sostuvo también la defensa de Rato. Y ha planteado que las diligencias de entrada y registro en dos domicilios --uno de Sotogrande (Cádiz) y otro de la calle Serrano (Madrid)-- deben ser declaradas nulas, así como ha de ser anulado un informe posterior que se basó en esos registros.

Sobre la entrada en el domicilio de Serrano, la abogada Mar de Pedraza ha explicado que era la sede de del despacho de abogados del encausado y que a pesar de haber pedido que se recogiera solo lo que tenía que ver con la investigación "se hizo un copiado masivo del servidor, el servidor completo" que incluía material de clientes que no estaban afectados.

Al hilo, ha incidido en que la vulneración del secreto abogado-cliente cristalizó "de forma muy grave" en el procedimiento porque "los investigadores atribuyeron a Rato bienes en Miami que eran de otra clienta del despacho".

MONTERO INCLUIDO POR FISCALÍA "A MARTILLAZOS"

La defensa de Miguel Ángel Montero, administrador de varias empresas del ex vicepresidente del Gobierno, ha señalado en su turno que solicitaba la nulidad de las actuaciones por vulneración de la tutela judicial efectiva al considerar que durante la instrucción se vulneró el principio acusatorio por los tres delitos fiscales que le imputan.

Según ha apuntado, el escrito "sorpresivo y súbito" de la Fiscalía le acusaba como cooperador necesario de los delitos por el IRPF de 2013, 2014, y 2015 cuando por esos hechos y delitos nunca se le tomó declaración ni se le acusó con anterioridad.

En este punto, ha recordado que la entrada y registro en el domicilio de Montero tuvo lugar en el marco de la pieza separada de blanqueo de capitales y corrupción, y ha señalado que nunca declaró en la pieza de los delitos contra la Hacienda Pública.

Para la defensa, se ha producido una "enorme indefensión" porque no se ha podido defender en el resto de piezas abiertas y ha acusado a la fiscal de meterle en su escrito de acusación "a martillazos". Además, sobre la acusación ha enfatizado que se está ante un "solar" de pruebas contra su defendido en cuanto a los delitos contra la Hacienda.

Este caso, ha indicado, se ha vivido un "caos procesal" y una "voracidad acusatoria", por lo que ha pedido al tribunal que esos problemas no beneficien "a quien los ha provocado" y que no vaya "contra los derechos de los acusados".

Por su parte, varias de las defensas de las personas imputadas en la pieza de corrupción en los negocios han solicitado que se les absuelva de los hechos dado que el delito que se les achaca no existía cuando presuntamente lo cometieron. "Los hechos no estaban castigados en el Código Penal", han resaltado.

SIGUIENTE SESIÓN, EL MIÉRCOLES

Cabe recordar que Rodrigo Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Anticorrupción solicita para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.

La vista continuará este miércoles con la respuesta de Fiscalía a las cuestiones previas del resto de partes ya que la representante del Ministerio Público ha solicitado tiempo para instruirse dado que se han aportado gran cantidad de documentación en estos dos días.

El tribunal, por su parte, ha señalado que decidirá antes del comienzo de los interrogatorios de los acusados --previstos ya para enero-- sobre la petición de todos los encausados de poder ausentarse del juicio salvo en las sesiones en las que tengan que declarar y en las que, por ser relevantes para sus intereses, les convenga asistir.