AMP- El TS envía a los juzgados madrileños la petición de García Ortiz de investigar la filtración del informe de la UCO

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha enviado a los juzgados de Madrid las "quejas" del jefe del Ministerio Público por las presuntas filtraciones del informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al registro en el despacho de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

En una providencia, recogida por Europa Press, el instructor Ángel Hurtado acuerda dejar el asunto en manos de los juzgados de Plaza de Castilla "a los efectos oportunos". Sobre este extremo, cabe recordar que el Supremo solo es competente para investigar hechos presuntamente cometidos por personas que, por su condición y cargo, están aforadas ante el alto tribunal.

El informe al que hace referencia el fiscal general es el que concluye que él tuvo una "participación preeminente" en "los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada" a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el marco de la resolución, el juez deniega la petición que le hizo García Ortiz de ordenar a la UCO que dé instrucciones a sus agentes para que no incluyan "mensajes privados ajenos al ámbito de los hechos" que se investigan en el informe que tienen pendiente entregar sobre el registro en su despacho en la Fiscalía General del Estado.

GARCÍA ORTIZ DENUNCIA "HASTA 37 ERRORES" EN EL INFORME DE LA UCO

Este mismo jueves, Hurtado ha dictado otra providencia en la que se pronuncia sobre un escrito de la Abogacía del Estado que, en representación de García Ortiz y Rodríguez, denuncia "irregularidades y omisiones" en el informe que presentó la Guardia Civil sobre el registro en el despacho de la fiscal provincial.

En un escrito de 50 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, los Servicios Jurídicos del Estado aseguraban que el informe de la Benemérita contiene "hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias".

La defensa del fiscal general alegaba que con dicho informe se había vulnerado "el derecho fundamental a la intimidad, incluida su vertiente relativa al derecho al propio entorno digital". "Esta vulneración se produce por la inclusión en el informe de comunicaciones privadas que carecen de relevancia para el objeto de la causa", apuntaba.

La Abogacía del Estado pedía que se revisara el informe de la UCO sobre el registro en el despacho de Rodríguez para "subsanar" dichos "errores". En la providencia de este jueves, el instructor contesta que "no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento".