La AN abre juicio oral a 18 personas por supuestas mordidas de Mercasa y otras empresas en Angola a cambio de contratos

El magistrado impone más de 22 millones de euros en fianzas a los acusados, entre los que se encuentran exdirectivos de la empresa

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra 18 personas físicas y 4 mercantiles, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos.

En un auto de este mismo jueves, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 dirige acusación contra todos ellos por delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental, delito de organización criminal o subsidiariamente asociación ilícita.

De esta forma, Pedraz también establece el pago de fianzas por un valor de 22.206.894 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse. De ese total, las personas físicas acusadas deberán abonar hasta 16.147.404,85 euros a fin de indemnizar a la propia Mercasa.

Entre los acusados que se sentarán el banquillo de los acusados se encuentran varios directivos del consorcio de Mercasa, entre los que se encuentra María Jesús Prieto Jiménez o el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

EL 'MODUS OPERANDI' PARA CANALIZAR LOS SOBORNOS

Fue en 2018 cuando el entonces titular del Juzgado, José de la Mata, dictó auto de pase a procedimiento abreviado por que el dió por finalizada la instrucción de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa', proponiendo por aquel entonces juzgar a 20 personas y ocho mercantiles.

En ese escrito, de 218 páginas, el magistrado detallaba la participación del comisionista prófugo de la justicia Oliveira Taveria Pinto y varias sociedades y otras personas que, según el juez, se pudieron embolsar 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.

El 'modus operandi' para canalizar los sobornos a las autoridades y funcionarios públicos era concertar acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido. Estas comisiones ilícitas eran pagadas conforme las empresas españolas iban percibiendo los importes de los contratos públicos de los diferentes gobiernos.

En este contexto, las comisiones eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas.

CONTRATOS "MERAMENTE INSTRUMENTALES Y SIN CONTENIDO REAL"

Unos contratos que "eran meramente instrumentales y sin contenido real alguno" y cuya "única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario como a terceras entidades que proporcionaban el éxito de la operación y que no eran sino autoridades y funcionarios públicos".

El juez destacaba el papel clave del intermediario Oliveira, ya que no se limitaba a realizar estas tareas para Mercasa, sino también para otra empresa pública como Defex, investigada en otra causa instruida por el propio De la Mata por pago de sobornos a cambio de contratos públicos en diferentes países, uno de ellos Angola. El comisionista era el destinatario inicial de las transferencias efectuadas por CMIC y luego distribuía parte del importe a sus verdaderos beneficiarios finales.

Tras explicar toda la trama, el magistrado apreciaba un "absoluto desprecio al Derecho" por parte de las empresas investigadas, y a "las más elementales normas legales y éticas", impulsadas por una política "de beneficio a cualquier precio".

"ABSOLUTAMENTE INSOPORTABLE" PARA UNA SOCIEDAD PÚBLICA

Algo que, en su opinión, resultaba "absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente pública como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses públicos, y CMIC, que tenía participación pública".

Para el juez, las compañías investigadas en este procedimiento carecían de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y, en relación con los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, "eran simplemente inexistentes".

En su opinión, la actuación desplegada por el consorcio CMIC en Angola "no fue aislada", sino que "correspondía a un patrón sistémico de funcionamiento, que procedía desde el comienzo de sus actividades internacionales y, en concreto, desde que se constituyó" el consorcio, "persistiendo una y otra vez en el mismo patrón delictivo".