La AN condena a 7 años de cárcel al exconsejero madrileño Alfredo Prada por irregularidades en el Campus de la Justicia

Impone a Prada y tres condenados más indemnizar a la Comunidad de Madrid con los 40 millones de euros malversados

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, por delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal condena por el mismo delito a penas de tres años y medio de prisión a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de ese proyecto, ya que les considera cooperadores necesarios: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).

A todos los condenados, no obstante, la AN les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid.

Un sexto acusado, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto por el tribunal, al entender que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.

Los magistrados establecen además que el exconsejero Prada, Baños, De las Heras y Gómez Gordo deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735,78 euros, y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad García de Castro.

SIN PREVISIÓN ECONÓMICA NI CONTROLES

En la sentencia, la AN explica que Campus de la Justicia y los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una "intensa actividad de contratación en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, infringiendo la normativa aplicable y externalizando prácticamente toda la actividad de la sociedad, que tenía un número muy escaso de empleados para llevar a cabo la tarea".

"Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una ciudad de la justicia dejó de ser el objetivo principal", añade la resolución, "para convertirse en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos cuyo objeto se halla más en publicitar el Campus que en la propia ejecución del proyecto", en especial el encargo al arquitecto británico Norman Foster para que diseñara varios edificios del complejo.

En este sentido, recoge que Prada fue el que acudió a Londres para entrevistarse con Foster y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.

Los contratos irregulares, señala la AN, "en nada benefician el objeto social por múltiples razones, como puede ser la absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto o por su excesivo coste que supera completamente la capacidad económica de la sociedad, por su inutilidad de cara al objeto social, por su inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto".

Para los magistrados, esos contratos se alejaron del objeto social del Campus y el precio que se pagó por ellos "es dinero que se distrajo de su legítimo fin", ya que la construcción del complejo "nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto".

MALVERSACIÓN GRAVE

El tribunal expresa que la malversación ocasionada en el proyecto es de "suma gravedad", puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más de 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza los 40 millones de euros.

Tal cantidad, subraya, es de una "extraordinaria relevancia" y ha dañado de forma clara el servicio público, recordando que la urbanización y edificación de un complejo que albergara todas las sedes judiciales de la capital no se ha logrado culminar, ya que solo se llegó a construir el edificio del actual Instituto de Medicina Legal y una serie de túneles.

Los magistrados inciden en que el "fracaso" del proyecto se debió en gran parte a "los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes alguna".

ELECCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN LOS "DESEOS" DE PRADA

Sobre el delito de prevaricación, el tribunal lo atribuye a la celebración de unos contratos alejados de los fines que constituyen el objeto de la sociedad y que se impuso la voluntad de los acusados, en especial del entonces consejero Prada, "pero también de los demás, que es la elección directa, acorde con sus deseos, de las empresas que van a ser contratadas".

A su juicio, la implicación de Prada en los 24 contratos objeto de este juicio está "sobradamente acreditada", no solo porque es quien firma los contratos en representación de Campus, "sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo".

"Bien mediante la convocatoria del concurso, en los casos en los que los hubo, y posterior adjudicación, bien mediante la elección directa del adjudicatario sin concurso abierto o procedimiento negociado previo", precisa la AN.

En el juicio, la Fiscalía solicitó 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación, y 6 años para los otros cinco acusados que formaron parte del equipo directivo del Campus en la primera etapa del proyecto.

La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregularidades.