MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este miércoles la extradición de Diego Gabriel Cruz Alonso, mexicano perteneciente al clan de los 'Porkys', acusado de violar a una menor en enero de 2015 en su país natal y que se encuentra en prisión incondicional desde el 11 de junio.
La Justicia mexicana le reclama por un delito de 'pederastia tumultuaria' al haber cometido presuntamente una agresión sexual junto a otros tres hombres en Veracuz en enero de 2015.
El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno subrayó que Cruz Alonso abandonó México --lo que supuso que se lanzase una orden de busca y captura el 3 de abril de 2016-- pese a tener conocimiento de que existía un procedimiento judicial contra él mismo "por hechos muy graves" y que resulta "significativo" que se niegue a entregarse a autoridades mexicanas pese a rechazar su implicación en los hechos.
El mexicano fue arrestado el pasado 11 de junio cuando se disponía a salir de una residencia de estudiantes de una céntrica calle de Madrid acompañado de un grupo de personas. En un auto, el pasado mes de julio rechazó excarcelarle, desestimando así el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado.
PRISIÓN "MERAMENTE INSTRUMENTAL"
Moreno consideró que debía permanecer en la cárcel atendiendo "al cumplimiento de las garantías previstas en las normas de extradición" y afirmó que se trata de una medida "idónea" ante el "elevado" riesgo de fuga y para garantizar la entrega del mismo a las autoridades judiciales de México. En dicho auto, el juez subrayó que se trata de una prisión "meramente instrumental y dirigida a asegurar la ejecución de la decisión que se adopte en el procedimiento de extradición o de ejecución de una orden europea de entrega".
Por su parte, la defensa del acusado argumentó que "no reconoce su participación en el delito que se le imputa" ni se ha negado "jamás" a comparecer ante el Juzgado de Veracruz (México), por lo que reclamó medidas cautelares "menos gravosas" como la presentación ante el juzgado o prestación de fianza proporcional a sus recursos económicos.
Las pesquisas comenzaron cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que uno de los cuatro jóvenes, señalados como presuntos responsables del caso de abuso sexual cometido contra una joven, podía encontrarse en España. En junio se produjo el arresto a pesar de la fuerte resistencia que ofrecieron tanto él como sus acompañantes a que fuera identificado.