El juez no ve "ningún tipo de información" que apunte a un trabajo del expolicía contra él
MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional (AN) ha inadmitido la querella presentada por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales, por lo que rechaza así su petición de personarse como acusación particular en la causa conocida como 'Tándem' ni en ninguna de las piezas separadas en las que se investigan las contrataciones privadas al expolicía a través de su empresa CENYT.
En un auto de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Manuel García Castellón explica que las actuaciones por las que se querella Rosell contra, entre otros, Villarejo no cumplen los presupuestos previstos en la ley para concederle la condición de perjudicado directo por los hechos al no apreciar "ningún indicio" de la intervención del comisario jubilado.
"Sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ello es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes" diligencias, señala en su escrito el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que investiga la macrocausa sobre Villarejo.
En su querella, presentada a principios de mes y que se enmarca en la 'Operación Cataluña', Rosell les atribuye presuntos delitos de organización criminal; acusación y denuncia falsa; falsedad documental y detención ilegal. Además de contra Villarejo, se dirigía contra el excomisario Marcelino Martín Blas, el exinspector Antonio Giménez, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri.
GRABACIONES DE VILLAREJO
Rosell hacía referencia a los audios publicados de conversaciones de mandos policiales y cargos políticos sobre la 'Operación Catalunya', que "consistía, fundamentalmente, en obtener información y/o confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar" a independentistas.
La representación legal de Rosell considera que él estuvo "en el punto de mira" de esta trama y lo ejemplificaba con una reunión, en noviembre del año 2012, entre Villarejo y la ahora senadora Alicia Sánchez-Camacho, que entonces era presidenta del Partido Popular catalán. En ese encuentro, ella supuestamente dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.
Más adelante, a partir de enero de 2014, empezó --según la querella-- una investigación prospectiva contra Sandro Rosell, en la que supuestamente estuvieron involucrados los querellados.
Rosell sostiene que "se habría acordado activar --o, en todo caso, aprovechar-- un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España por el 'FIFA Gate', asunto de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial" contra él en España.
En base a este requerimiento, "se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional", donde el querellante fue juzgado y absuelto en 2019 después de pasar 21 meses, casi dos años, en prisión provisional, indicaba la querella.
HECHOS SIN RELACIÓN
Con todo, el juez recoge en el auto que en la querella no se precisa en qué modo hay conexión entre los hechos narrados con la causa de la AN contra Villarejo, ya que del relato no se desprende la intervención directa del expolicía, "sino que se alude a otros sujetos y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".
Tampoco encuentra García Castellón una justificación de Rosell para que tenga que asumir su juzgado la competencia a la hora de conocer de esas presuntas conductas ilícitas, pues considera "difusa la vinculación entre los hechos narrados en la querella y los que son objeto de instrucción en esta macrocausa, tanto en relación con la pieza principal como a propósito de las piezas separadas".
Para el juez, la querella de Rosell no aporta "ningún tipo de información" sobre la existencia de un encargo específico a Villarejo, tratándose de una dinámica completamente diferente a la investigada en la causa principal y en las derivadas, aunque ello "sin perjuicio de que, si surgiere algún indicio ulterior, pudiesen llevarse a cabo las diligencias de investigación oportunas".
A Villarejo se le investiga y juzga en la AN por hacer trabajos privados a través de CENYT para prestar servicios a terceros que no podía realizar debido a su situación de policía en activo.