Señala que no se debe caer en dilaciones indebidas y que el análisis del testigo puede calificarse de investigación prospectiva
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Abogados Demócratas
por Europa (ADADE) con el que pretendía que el exalcade de Majadahonda Guillermo Ortega, conocido como 'El Rata', tuviera más tiempo para entregar un informe en el marco de la pieza 9 de 'Púnica' relativa a la posible existencia de una 'caja b' en el PP de Madrid.
ADADE, bajo cuya coordinación interviene en la causa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), intuía "prisas" en la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, cuando fijó por providencia que no le daba más tiempo a 'El Rata' para entregar ese escrito desde la cárcel, 'dossier' que era relativo a posibles irregularidades en el Mercado Puerta de Toledo.
Ahora, la Sala respalda a García Castellón porque considera que no es pertinente proseguir las actuaciones cuando la instrucción de la causa finalizó el 25 de enero de 2022 y teniendo en cuenta que el testigo ya ha agotado los plazos que se le han concedido para la redacción de ese documento.
Recuerda que, de optar por dar más tiempo a Ortega para entregar ese informe, se estaría vulnerando el derecho a un proceso público sin
dilaciones indebidas, y recuerda que la causa se instruye desde hace ocho años.
Por otro lado, los magistrados consideran que la elaboración de ese informe desde la cárcel por parte de Ortega, teniendo acceso a documentación que posee, podría considerarse como una investigación prospectiva y sin fines concretos. Suma a esto, que el escrito que pudiera llegar a presentar, tendría además "un extraño encaje procesal".
"En consecuencia, resulta inverosímil prolongar artificiosamente el plazo para la incorporación (por un testigo) de un documento que todavía no se ha elaborado, no pudiendo hacerse depender la instrucción de la voluntad de dicho testigo", añaden.
Conviene la Sala que 'El Rata' "no goza de la consideración de un
perito, un auditor, ni un experto Forensic" que tenga que analizar la causa para emitir un dictamen o efectuar unas conclusiones. Y añade que las supuestas razones de colaboración con la justicia son "discutibles" máxime cuando no ha materializado a través de su defensa un adelanto de sus pesquisas ni un examen de su ordenador.
"VITAL IMPORTANCIA"
El PSOE, avisaba al juez de que el informe todavía pendiente de entregar por parte de Ortega era de "vital importancia" en la investigación. "Según su declaración, el dinero desviado a través del IMADE y las sociedades que de él dependían ascendería a la friolera de un millón de euros, dinero público que sería puesto a disposición del Partido Popular", apuntaban en su recurso.
Por eso, no entendían la celeridad que se quería "imprimir" desde la Audiencia Nacional a la instrucción del caso "justo en la recta final". "Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular".
Para el PSOE, una medida "más proporcional y garantista" hacia los derechos de las partes era que el juez García Castellón requiriera a Ortega que le informe del estado en el que se encuentra su informe o, para ir avanzando, que le presentara un esquema previo para luego tomar una decisión al respecto.
LA DENUNCIA DE 'EL RATA'
Fue en abril de 2021 cuando 'El Rata' comunicó a la Audiencia "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta de Toledo", dependiente de la empresa pública IMADE. Señaló más de una decena de facturas emitidas entre 2006 y 2009 por "trabajos aparentemente ficticios" --registrados como relaciones públicas, mantenimiento o pintura-- por un total de 832.560 euros.
Estas revelaciones llevaron al juez a abrir una nueva pieza, la número 13, para separarla de la 9, pero la Sala de lo Penal dio la razón a la Fiscalía Anticorrupción y mantuvo las supuestas irregularidades en el Mercado de Puerta de Toledo dentro de las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
Una decisión de la Sala de lo Penal que llegó a finales de 2021, lo que llevó a García Castellón a dar ese margen a Ortega para que pudiera emitir un informe completo.
LA PIEZA 9 DE PÚNICA
El pasado 14 de octubre García Castellón acordó por auto procesar a un total de ocho personas: el excosejero Francisco Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad. Dejaba fuera así tanto a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre como a su sucesor Ignacio González.
Desde 2014, la AN investigaba esta pieza separada 9 sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008, así como los contratos adjudicados por la administración madrileña y, en concreto, los contratos de reputación 'online' para posicionar a altos cargos del PP en redes sociales.