Contaban con cerca de 1.000 páginas webs y tenían acceso a más de 40.000 canales, películas y plataformas
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a los nueve presuntos miembros de una organización criminal que obtuvieron al menos 15 millones de euros con la venta ilegal de contenidos audiovisuales de plataformas de pago, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 atribuye a los acusados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad intelectual por sus actuaciones, de las que se habrían beneficiado dos millones de usuarios.
En concreto, y según detalla el magistrado, se calcula que existían unas mil páginas web por todo el mundo dependientes del servicio original, que ofrecían acceso a algo más de 40.000 canales de televisión, series y plataformas en su conjunto.
Según relata el juez, A. Z. era el líder de una organización criminal de carácter internacional que tenía por objeto la distribución ilegal de contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de una serie de dominios.
El modus operandi utilizado por la referida organización criminal consistía, explica, en captar de diversos modos la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para posteriormente ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.
NETFLIX, AMAZON O LA LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL
En este procedimiento se han personado como acusación particular una serie de empresas destacadas, entre las que se encuentran Warner Bros Entertainment, Universal City Studios, Universal City Studios Productions, Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television , Paramount Pictures Corporation, New Line Productions, Netflix Studios, Netflix US, Netflix international, Netflix Gobal, Netflix Wordwide Entertainment, Amazon Content Services, Disney Enterprises y la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Los contenidos eran ofertados, continúa el auto, a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito, ofreciendo el acceso a una amplísima gama de canales, películas, series o documentales, con garantía en la calidad de los contenidos y unos productos de asistencia técnica de calidad con su propia página web de soporte al cliente.
La organización, además, ofertaba a los denominados reseller o revendedores la posibilidad de crear su propia marca y servicio ilegal a modo de "franquicia" o filial, aprovechando la infraestructura técnica de la organización, integrada por la red de servidores, contenidos audiovisuales, soporte técnico, además de una aplicación informática que permitía gestionar todos los servicios.
Este grupo, continúa el magistrado, tenía instalados 50 servidores por Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido, Rumanía y Luxemburgo, contando a su vez con personal que se encargaba de su supervisión.
A través de los distintos canales de televisión IPTV que se ofrecían por medio de la lista M3U se visionaban un total de 10.072 canales de televisión. Estos canales se encontraban divididos en dos grupos: el primero de ellos contenía canales de retransmisión en directo, mientras que el segundo grupo se correspondía con la emisión de contenidos bajo demanda de series y películas.
JUGOSOS BENEFICIOS
Con esta ilícita actividad, señala el auto, generaron unos beneficios de al menos 15 millones de euros, todo ello al margen de los ingresos que de manera autónoma pudieran haber obtenido cada uno de los reseller.
Para blanquear estas cantidades la organización contaba asimismo con un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, exchange de criptomonedas, la creación de empresas pantalla; y la generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial.
A través de esta estructura se trataba de justificar el continuo movimiento de dinero que fluía entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros, y así ser finalmente reintroducido en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.
UNA INFRAESTRUCTURA "EXTREMADAMENTE COMPLEJA"
Entre las operaciones concretas de blanqueo destacan, señala el escrito, la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1.6 millones de euros y la compra de dos vehículos de alta gama con un valor de mercado de 400.000 euros.
Por todo ello, el juez considera que los encausados estaban integrados en una organización criminal conformada por un grupo determinado de personas, en este caso al menos nueve, con un reparto y distribución de tareas específico para cometer un delito contra la propiedad intelectual de forma prolongada e indeterminada en el tiempo, así como un delito de blanqueo de capitales para que los beneficios así conseguidos puedan introducirse en el ciclo económico.
Los miembros de esta organización, prosigue la resolución, poseían además un elevado grado de especialización técnica, contando cada uno de sus miembros con especiales conocimientos tecnológicos y financieros, habiendo creado una infraestructura tecnológica extremadamente compleja y de carácter internacional.
La misma, concluye el magistrado, estaba compuesta por al menos 40 granjas de servidores repartidos por 14 países, obteniendo la señal IPTV de origen de múltiples países para asegurar que si se producía el fallo o la desconexión en alguno de ellos el servicio siguiese funcionando por la existencia de los demás.