El denunciante contó que les obligaban a trabajar en Sierra Leona en condiciones inhumanas tanto de día como de noche
MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Alejandro Abascal ha rechazado que el español Manuel Terrén Parcerisas se persone, por estar ilocalizable para la Justicia, en la causa donde se le investiga por su presunta participación en el comercio de diamantes de sangre en Sierra Leona (África), todo ello a raíz de la querella que presentó en 2021 uno de los trabajadores que se habrían dedicado a la extracción del preciado mineral en el municipio de Tombodu.
Terrén habría tenido un papel "clave" junto a otros empresarios, apoyando a través del Grupo Orfund el esfuerzo mediante el comercio y la compra de diamantes, permitiendo a las facciones armadas obtener armas y municiones. Los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de delitos de lesa humanidad y organización criminal.
Abascal, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, fundamenta su decisión en que el investigado no está a disposición de la Justicia española, tal y como refleja en una providencia del pasado 26 de mayo a la que ha tenido acceso Europa Press.
El juez señala que "ni siquiera" ha prestado declaración como imputado tras el "traslado de la querella y de la imputación". Además, y en un auto del 7 de junio, Abascal ha desestimado el recurso de Terrén contra esa decisión, compartida por la Fiscalía.
Fue en enero cuando el juez de la Audiencia Nacional acordó tomar declaración al mes siguiente al denunciante de los hechos y ciudadano de Sierra Leona Ahia Ngekai, así como a los testigos Luis Bielsa, Joan Aamarra, Ramón Terrén y Josep Lluis Buch.
El denunciante relató en la querella que fue obligado a trabajar día y noche en la extracción de los diamantes junto a otros 300 civiles y bajo unas condiciones inhumanas. Durante los trabajos, Ngekia asistió a la muerte de tres de sus compañeros.
Uno de ellos habría sido asesinado después de que los militares pensaran que iba a escapar. Dos de ellos habrían fallecido de agotamiento. El querellante, además, también tuvo que trabajar en el derribo de un puente para facilitar el trabajo en las minas.
EL PAPEL DEL EXPRESIDENTE DE LIBERIA
El escrito, presentado en septiembre del año pasado, también detalla el papel que el expresidente de Liberia Charles Taylor habría tenido entre 1997 y 2003, y por lo que fue condenado a 50 años de prisión. En concreto, por haber prestado asistencia al Frente Revolucionario Unido (FRU) en sus actividades mineras.
Así, Taylor habría recibido diamantes del grupo armado a cambio de armamento y habría conectado a empresarios con el propio FRU para establecer acuerdos para la compraventa de material bélico.
La querella de Ngekia recoge que la conexión en Liberia --a través de Taylor-- con el comercio de diamantes con el FRU fue denunciada no solo por el Tribunal Especial para Sierra Leona, sino también por la ONU mediante varias resoluciones e informes.