La AN solicita la renovación de los dos jueces de refuerzo del instructor del 'caso Villarejo' y de 'Púnica'

La Sala también pide que se prorrogue a Alejandro Abascal como responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha solicitado la renovación de los dos jueces de refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, el magistrado encargado de la instrucción de causas complejas como el 'caso Villarejo' o 'Púnica'.

Así se desprende del acuerdo que la Sala adoptó el pasado 29 de marzo, en el que se solicita la prórroga de las medidas de refuerzo desempeñadas por Joaquín Gadea y por Daniel González Uriel "en atención al número de causas" que se siguen en el Juzgado y "a la magnitud de las mismas".

Además, la Sala destaca que no han "cambiado sustancialmente las circunstancias que se hicieron constar en su día, resultando imprescindible la continuación" de sendos magistrados "para poder así afrontar con garantías las múltiples y diversas causas complejas
que se siguen" en el JCI 6.

En esta línea, esta solicitud se fundamenta en las manifestaciones realizadas por García Castellón y "teniendo en cuenta la excepcional situación vivida durante el año 2020, y que se viene arrastrando
durante el año 2021 y el actual año 2022, lo cual ha incidido directamente en el normal devenir de las actuaciones judiciales que se siguen en dicho Juzgado".

EL PERFIL DE LOS MAGISTRADOS

Gadea, que cuenta con plaza en propiedad como juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se incorporó como magistrado de apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 a principios de enero de 2020 y comenzó a tener competencias jurisdiccionales a principios de 2021.

El segundo magistrado de refuerzo, González Uriel, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vilagarcía de Arousa y se incorporó el pasado mes de julio a su nuevo destino después de que Alejandro Abascal se marchase al JC1, del que se encarga actualmente.

Precisamente en esos mismos acuerdos de la Sala también se incluye el informe realizado por García Castellón sobre el desempeño del propio González Uriel. Como magistrado de refuerzo y sin funciones jurisdiccionales, únicamente realiza labores de colaboración, asistencia o asesoramiento siempre bajo la dirección del titular del Juzgado.

LA RENOVACIÓN DEL ENCARGADO DE OTRO JUZGADO

Por otro lado, la Sala también ha pedido que Alejandro Abascal continúe como responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 por el plazo de tiempo y del modo que el Consejo General del Poder Judicial considere. La prórroga de la comisión de servicio con relevación de funciones que ejerce Abascal fue otorgada, como recuerda el propio acuerdo, por seis meses inicialmente.

Fue a finales del pasado mes de diciembre cuando la Comisión Permanente del CGPJ acordó renovar a Abascal por el citado periodo salvo que con anterioridad se produjese la efectiva incorporación del titular del Juzgado o de la magistrada a la que se le asignó la vacante.

En concreto, se refería al magistrado Luis Francisco de Jorge Mesa, titular de la plaza que actualmente en la situación de servicios especiales en un organismo de Naciones Unidas, y a la magistrada Ana Mercedes del Molino Romera, quien se encuentra en comisión de servicio con relevación de funciones en el Ministerio de Justicia.

Como responsable del JCI 1, Abascal es el encargado de supervisar la investigación que realiza la Fiscalía Europea sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas en plena pandemia y que está vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este juzgado también se sigue el rastro del dinero en la causa que investiga los fondos que habría recibido el ex embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA.

Además, en el citado Juzgado se investiga una presunta estafa con criptomonedas que habría cometido la mercantil Algoritmhmics Group dejando un saldo de 300 afectados y 100 millones de euros estafados.