La AN suspende 'sine die' el juicio de Gürtel a Camps por la huelga de funcionarios de Justicia

Archivo - El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, a 28 de febrero de 2023, en San Fernando de Henares, Madrid (España). Continúa el juicio al expresidente de la Generali
Archivo - El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, a 28 de febrero de 2023, en San Fernando de Henares, Madrid (España). Continúa el juicio al expresidente de la Generali - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Actualizado: martes, 18 abril 2023 17:12


MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido 'sine die' el juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', debido a la huelga de funcionarios de Justicia.

Así lo ha anunciado este martes el tribunal que ha explicado que su intención es reanudar la vista oral la próxima semana si el parón lo permite.

Estaba previsto que el juicio se reanudase este martes con la declaración de una serie de testigos, entre los que se cuenta el que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte Cesar Tomás Martín Morales, juzgado en otras piezas de Gürtel.

Cabe recordar que Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

Este lunes se produjeron los primeros paros parciales como consecuencia de la huelga convocada por CSIF, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) para reclamar a la ministra una subida salarial en línea con la aprobada para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) --de hasta unos 450 euros--.

Además del incremento salarial, los sindicatos instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una "redefinición" de las funciones de los empleados públicos de la administración de justicia.