Anticorrupción archivó la denuncia sobre los contratos covid del Gobierno de Ayuso que ahora investiga Fiscalía Europea

La Fiscalía española consideró que la denuncia de Unidas Podemos se basaba en una "sospecha"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción archivó el pasado 18 de mayo la denuncia formulada por el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid sobre una serie de contratos adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid (CAM) a dos empresas por más de 17 millones de euros, al considerar que se basaba en meras "sospechas", una valoración distinta a la realizada por la Fiscalía Europea (EPPO), que ha optado por investigar el asunto.

Así lo acordó el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, donde daba respuesta a la denuncia presentada por la portavoz adjunta del grupo 'morado' en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función por dichos contratos.

Romeral estimó que "la denunciante no aporta información o documentación alguna, ni tan siquiera indiciaria, que revele la intervención de algún funcionario público que con su actuar haya facilitado la consecución de los contratos o propiciado irregularidades en su tramitación, para determinar la adjudicación de los mismos a alguna persona física o jurídica".

Para el fiscal, "la base de su denuncia está en la sospecha que le infunde la opacidad que ve en las cuentas anuales presentadas por la sociedad Vindoré" o en el hecho de que falten cuentas anuales de esta y la mercantil Air Global Media.

El representante del Ministerio Público explicó que "la sospecha de la denunciante no puede ser la base de la investigación que demanda, pues los elementos que la fundamentan no bastan para tenerlos como indicios de los delitos que denuncia".

"De admitir la sospecha como razón para atender la pretensión de la denunciante, nos encontraríamos ante la investigación de carácter prospectivo, prohibida" por la legislación española, recalcó Romeral, que en consecuencia ordenó archivarla.

POSIBLES DELITOS DE FRAUDE Y ESTAFA

En cambio, la Fiscalía Europea (EPPO) ha optado por investigar los contratos denunciados por Unidas Podemos, al ver indicios de que podría haber un "incremento artificial del precio" de los mismos que se traduciría en presuntos delitos de estafa y fraude al presupuesto comunitario, ya que se habrían nutrido con fondos de la UE, según consta en dos decretos dictados el 3 de junio.

De acuerdo con dicha denuncia, a Vindoré --dedicada a la comercialización de vinos espumosos a los que se añaden partículas de oro--, se le habrían otorgado desde la CAM tres contratos entre marzo y abril de 2020 por un total de 7.740.000 euros para obtener material quirúrgico asistencial, de protección individual y de curas para abastecer al pabellón número 10 de IFEMA, donde se instaló un hospital de campaña para los enfermos covid.

En el caso de Air Global Media, que tendría como actividad principal la radiodifusión, habría conseguido cuatro contratos entre mayo y junio de 2020 para la adquisición de material quirúrgico asistencial y de curas, mascarillas y monos, tanto para el hospital de IFEMA como para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), por un total de 10.060.500.

En todo caso, la EPPO aclara que, en esta fase inicial, se centrará en "la comprobación de los hechos y la concreción de posibles indicios de la comisión de hechos delictivos, cuyos contornos aparecen en este momento difusos, sin que se disponga de elementos que determinen en este momento procesal la concreta imputación de ninguna persona".

Los criterios de Anticorrupción y la EPPO ya chocaron el pasado mes de marzo por el contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña. Entonces, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió que la primera se hiciera cargo de las diligencias de investigación relativas al contrato y que la Fiscalía Europea indagara en la posible malversación, fraude y cohecho en relación con los fondos europeos.