Anticorrupción denuncia su "estrangulamiento operativo" por la escasez de fiscales ante los macroprocesos

El departamento recibió a lo largo de 2016 un total 2.633 escritos e interpuso 14 querellas que dieron lugar a investigaciones por un juez

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción denuncia su falta de medios ante el "auge paulatino de macro-procesos que ha ido estrangulando la capacidad operativa" de una plantilla fija de fiscales ya de sí muy ajustada -una veintena-, lo que ha obligado a echar mano del recurso de la temporalidad mediante comisiones de servicio y por lo que reclama de forma urgente un incremento en su número de efectivos.

Así se destaca en el capítulo relativo a esta Fiscalía especial incluido en la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, hecha pública este martes con ocasión de la Apertura del Año Judicial y que frente a la acuciante escasez de medios materiales y humanos revela que a lo largo de 2016 -los últimos datos oficiales corresponden a dicho ejercicio- se dio un aumento del número de procedimientos penales en los que participa este departamento al haberse incoado 51 más que en el año 2015.

Según estos datos, a lo largo de 2016 Anticorrupción estuvo integrada por 22 fiscales permanentes -tres más que el año anterior- a los que hubo que sumar 9 de los denominados "delegados temporales".

Frente a esta situación, y por lo que se refiere a las cifras, el análisis comparativo de los escritos y denuncias presentados en la Fiscalía Anticorrupción respecto del año 2015, arroja los siguientes datos: entraron 2.633 frente a 2.405 del año 2015 y se contestaron 7.740 frente a 7.231 del año 2015. De estos escritos registrados en la Fiscalía, 652 correspondieron a denuncias, frente a las 621 del año 2015.

La Memoria concreta que durante el año 2016 se incoaron en esta fiscalía especial un total 37 diligencias de investigación a las que hubo que añadir las 39 existentes a 31 de diciembre de 2015, lo que implica que durante el 2016 se estuvieron tramitando un total de 76 asuntos antes de decidir si éstos eran o no judicializados.

Es de resaltar que de las 34 diligencias concluidas durante este periodo en 14 ocasiones el representante del Ministerio Público formuló la correspondiente querella o denuncia, que dio lugar a los correspondientes procedimientos judiciales en los que esta Fiscalía Especial ha mantenido su competencia.

En cuanto a la concreta actividad de la Fiscalía Especial en el ámbito de los procesos judiciales, es de resaltar que durante el año 2016 Anticorrupción estuvo presente en 524 procedimientos judiciales frente a los 371 del año 2015. Es decir, se han incoado 178 procedimientos penales nuevos en 2016, cifra que contrasta con la de 46 nuevas incoaciones que se produjo durante el 2015.

CÚANDO SE ES UN "INVESTIGADO"

En este punto de la Memoria, Anticorrupción advierte que la atribución de la condición de investigado a una determinada persona "sustentada en simples conjeturas o suposiciones, sin verdadero soporte indiciario (...) es una práctica que los fiscales no sólo deben evitar, sino también rechazar firmemente cuando provenga de las otras partes acusadoras personadas o del propio órgano judicial".

Para finalizar con los datos, la Memoria destaca que durante el año 2016, la fiscalía especial formuló 59 escritos de acusación, esto es, 12 más que los presentados en el año 2015. Durante ese mismo periodo se dictaron 29 sentencias en primera instancia en causas judiciales en las que ha intervenido Anticorrupción. De ellas 27 fueron condenatorias y únicamente 2 absolutorias.

El capítulo dedicado a la Fiscalía Anticorrupción incide en dificultad de las investigaciones que se llevan a cabo, su duración, así como la complejidad de los procesos en los que interviene esta Fiscalía exigen que en, no pocos casos, haya de asignarse a dos Fiscales para cada asunto".

Así, la Memoria critica que un recurso "excepcional y temporal" como el de los fiscales en comisión de servicio no sea la solución a una situación "estructural y que irá 'in crescendo' de insuficiencia de fiscales".

En cuanto al personal funcionario de la Fiscalía, la plantilla está integrada por 32 funcionarios, de los cuales 2 pertenecen al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 26 al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 4 al Cuerpo de Auxilio Judicial.

"APABULLANTE PENURIA TECNOLÓGICA"

La Fiscalía General también expone en su memoria las necesidades que tiene este departamento a nivel de medios personales y materiales "siendo especialmente relevante la apabullante penuria de medios tecnológicos" de que dispone en la lucha contra la delincuencia. Añade que este departamento "se encuentra anclada en la prehistoria en el apartado de las nuevas tecnologías", ya que carece incluso de aplicación informática de entrada y registro de escritos, ni de diligencias de investigación ni de procedimientos judiciales.

Los fiscales Anticorrupción reclaman también disponer de un programa capaz de relacionar y tratar la información de bases de datos alimentadas tanto con la propia de los procedimientos en curso, como de otras externas, tales como los registros mercantiles, los de la Propiedad, los boletines oficiales o la información recibida del SEPBLAC o de otros organismos.

"El volumen ingente de información y documentación que tienen que manejar los fiscales convierte en una tarea titánica su análisis, siendo obvia la cantidad de tiempo que se utiliza para ello y que se reduciría ostensiblemente de disponer de tales herramientas informáticas", añade el documento.

Los fiscales anticorrupción apuestan en su memoria porque la competencia de la Audiencia Nacional se extienda a "la investigación de la criminalidad organizada de carácter transnacional en los que o bien parte relevante de la organización criminal esté asentada en España, bien porque nuestro país sea el lugar en que se producen distintos efectos o consecuencias delicitivas.

La Memoria agradece la labor del exfiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, que optó por la jubilación a finales del pasado año, de quien destaca su "brillantez jurídica, su habilidad en la gestión y su cordialidad y afabilidad en el trato". No dice nada de su sucesor, Manuel Moix, quien estuvo apenas 87 días en el cargo y dimitió tras informarse de una empresa familiar radicada en Panamá, ya que dicho cambio se materializó el pasado mes de marzo, siendo ya el año 2017.