Anticorrupción envió a Fiscalía Europea contratos del 'caso Koldo' con Baleares y Canarias pagados con fondos europeos

Remitió cinco contratos por importe conjunto de 15,3 millones de euros

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) contratos del denominado 'caso Koldo' firmados con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por importe conjunto de 15,3 millones de euros al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

Según consta en la querella que presentó Anticorrupción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público español remitió documentación a EPPO el 8 de junio de 2023 a través de un decreto "al afectar a fondos de la Unión Europea". Fuentes cercanas a la investigación confirman a esta agencia de noticias que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.

La Fiscalía detalla que el Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público.

El primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95.

En el caso de la administración balear, consta un contrato adjudicado por el Servicio de Salud de Illes Baleares en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.

Preguntada por Europa Press por si está investigando la documentación remitida por Anticorrupción, la Fiscalía Europea precisa que "no realiza comentarios sobre investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando para no poner en peligro eventuales investigaciones en curso".

No obstante, el órgano comunitario recuerda que su competencia es "obligatoria" toda vez que debe "comprobar cualquier indicio del que eventualmente pueda resultar que" los hechos investigados queden "bajo su ámbito competencial".

Esta misma semana, las delegaciones del PP y de Ciudadanos en el Parlamento Europeo han instado a la Fiscalía Europea a investigar si el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia pudo afectar a los fondos de la Unión Europea que entonces se destinaron a ayudar a los gobiernos a enfrentar la crisis por el coronavirus.

CONTRATOS INVESTIGADOS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Cabe recordar que el resto de contratos que fueron adjudicados a la presunta trama en la que habría participado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, están siendo investigados por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía Anticorrupción.

En su querella, el Ministerio Público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El segundo fue adjudicado por un ente dependiente de su Ministerio --ADIF-- "donde asesoraba al titular" del mismo. "Los contratos posteriores se adjudican por el Ministerio del Interior a consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes", añade.

"Dentro del total de los trece contratos denunciados, tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la COVID-19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL", apunta.

En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.