Destaca que diseñó un plan para colocar dentro de la entidad a personas de su confianza y cobrar "comisiones dimanantes" de los contratos
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones de euros para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y la misma sanción económica con tres años de cárcel para el exsecretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de la entidad José Manuel Fernández Norniella por las presuntas comisiones irregulares en los contratos de publicidad.
Se trata del escrito de acusación provisional que ha dirigido la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que el pasado 21 de febrero ordenó el procesamiento de Rato, Norniella y otras 13 personas así como dos mercantiles en relación a los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con las empresas Publicis y Zenith Media en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros.
La Fiscalía destaca que Rato aprovechó su llegada a la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a "varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma" y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa, que ahora mismo está siendo juzgada en la Audiencia Nacional.
Según precisa el Ministerio Público, para sacar "provecho económico personal" de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad, Rato se sirvió de tres personas con quienes mantenía "lazos personales y profesionales" desde hacía años. A través de ellos canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como "astillas", que desde las empresas contratadas por Caja Madid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato.
Esas personas de confianza eran: su secretaria Teresa Arellano, el administrador de las empresas familiares del expresidente de Caja Madrid, Miguel Ángel Montero, así como Norniella. La fiscal también identifica a un "grupo de presión" dentro de la Dirección General de Comunicación y Marca, que se encargaba de dicha contratación, a los acusados Alberto Portuondo, Beatriz Colomer y Miguel Robledo.
A lo largo de 14 páginas de escrito de calificación provisional, la Fiscalía explica el desarrollo del plan de Rato "para cobrar comisiones dimanantes" de la contratación de publicidad. Todo comenzó cuando el introducido como asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, contactó a mediados de 2010 con otro de el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, para que tanto esta agencia de publicidad como la agencia de medios Zenith accedieran "en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar".
"VENTAJAS" DE LAS COMISIONES
De esta forma, continua el relato del fiscal, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas -también acusados en este caso-- aceptaron la propuesta de Portuondo, "sabedores de las 'ventajas' que el pago de comisiones iba a generar" para las mercantiles.
Además, Portuondo usó su sociedad Albisa como empresa pantalla para recibir los supuestos beneficios irregulares procedentes de Publicis y Zenith. En 2011 percibió 1.244.130,72 euros y al año siguiente otros 778.023,80 euros, es decir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriormente, se llegó a transferir a Kradonara más de 800.000 euros, explica la fiscal.
Por último, subraya que el pago de comisiones desde la empresa de publicidad y la agencia de comunicó cesó una vez que Rato abandonó la entidad financiera el 9 de mayo de 2012.
MISMA MULTA, DE 3 A 4 AÑOS DE CONDENA
Las mayores peticiones de condena son para Rato, Norniella y Portuondo, para quien el fiscal también solicita cuatro años de prisión y la misma multa de 2,5 millones de euros.
El resto de los acusados afrontan una petición de tres años de cárcel aunque la sanción económica que solicita el fiscal es la misma. Se trata de la que fue secretaria de Rato, Teresa Arellano; el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo; su asesor Domingo Plazas; el exresponsable de comunicación externa de Caja Madrid Miguel Robledo y su colaboradora Beatriz Colomer.
En la misma línea, la Fiscalía pide tres años de prisión y 2,5 millones de euros de multa para los directivos de agencias publicitarias Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez.
En cuanto a las mercantiles, solicita condenar a Publicis y Zenith Media a multa de dos años con cuota de 100 euros al día, unos 73.000 euros, así como el comiso de la ganancia obtenida, los 2,02 millones de euros.