Solicita procesar a Granados por delito electoral, tráfico de influencias y cohecho por las autonómicas de 2011
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga si el PP de Madrid tenía una 'caja b' con la que financió campañas electorales, que archive la causa para la ex presidenta regional Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, al tiempo que ha reclamado procesar al ex consejero Francisco Granados, presunto líder de la trama 'Púnica', junto a otras nueve personas.
Así se recoge en el informe final de Anticorrupción sobre la investigación de esta pieza separada número 9 de 'Púnica', donde el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, intenta determinar si el PP madrileño se sirvió de una 'caja b' para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio Fiscal, al margen de esa decena de procesados, respecto "al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías)", interesa el archivo de las pesquisas.
Anticorrupción explica que este sobreseimiento de las actuaciones para este grupo de imputados, entre los que figuran Aguirre y González aunque no aluda a ellos expresamente, se produce "bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación".
La Fiscalía concluye que la presunta falsedad electoral referida a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estaría prescrita, pero "se mantiene la existencia de falsedad electoral respecto de las elecciones autonómicas de 2011" y por ello pide procesar a Granados por delito electoral, tráfico de influencias y cohecho.
También interesa procesar a Beltrán Gutiérrez por delito electoral en relación con esos mismos hechos, así como a Salvador Victoria, Borja Sarasola, José Martínez, Francisco Lobo, Diego Mora, Alejandro De Pedro, Isabel Gallego y María Luisa de Madariaga por prevaricación y malversación por "los trabajos de reputación 'on line' para diferentes políticos".
Este informe final de Anticorrupción analiza las elecciones de 2007, 2008 y 2011, las diferentes adjudicaciones en materia de contratación pública y los encargos en materia de posicionamiento 'on line', así como la implicación de las personas, tanto físicas como jurídicas, que habrían participado en los hechos, "desde una perspectiva procesal y de posible responsabilidad penal".
La nota de prensa atribuye la elaboración de este extenso informe, de 860 páginas, al fiscal Alejandro Cabeleiro, uno de los fiscales encargados de esta pieza separada de 'Púnica', en cuyas pesquisas también participaron las fiscales Carmen María García y Teresa Gálvez.
ÚLTIMOS FLECOS
Este informe del Ministerio Público era uno de los últimos trámites que quedaban por completar de cara a que García Castellón decida a qué imputados procesa y para cuáles archiva esta pieza separada número 9 de 'Púnica', según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Aunque la instrucción de esta pieza acabó el pasado enero, en estos meses se ha dado tiempo al ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata' para que desarrollara en un informe las presuntas irregularidades que denunció 'in extremis' en torno al Mercado de Puerta de Toledo. Distintos problemas han impedido que el antiguo edil entregara su 'dossier', si bien el juez se ha negado a prorrogarle el plazo, una decisión que Anticorrupción instó a corregir.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de Granados, considerado el 'cabecilla' de 'Púnica', en la que podían leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En el primer golpe de la 'Operación Púnica', ese mismo año, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones 'a dedo' y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando, dando lugar a una docena de piezas separadas.
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