Anticorrupción pide la formación de una cuarta pieza en PDVSA centrada en el exjefe de Seguridad Rafael Reiter

La Fiscalía considera "insuficiente, contradictoria e incompleta" la documentación aportada sobre la venta de un inmueble en España

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la formación de una nueva pieza separada en la causa sobre PDVSA, y que estaría centrada en los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos por el exjefe de Seguridad de la petrolera venezolana Rafael Reiter y su mujer Vanessa Yssea.

La petición del Ministerio Público, plasmada en un escrito del pasado 26 de noviembre al que ha tenido acceso Europa Press, llega unas semanas después de que la magistrada acordase dividir la causa sobre PDVSA en tres piezas distintas debido a la "complejidad" que presenta y a agilizar las pesquisas.

Ahora, e interesando la creación de la que sería la cuarta pieza, Anticorrupción pone el foco en la "operativa de blanqueo de capitales" de Reiter y su esposa, referida a la adquisición de un vehículo así como de un inmueble situado en San Cugat del Vallés (Barcelona).

La vivienda, por la que pagaron un total de 1.150.000 euros mediante dos cheques bancarios, habría sido adquirida según sostiene la Fiscalía con dinero procedente del blanqueo. Anticorrupción considera que la "documentación entregada" es "insuficiente para justificar el origen lícito de los fondos y la naturaleza de las actividades subyacentes".

ESPAÑA APROBÓ SU ENTREGA A EEUU EN 2018

La misma, apunta el escrito, se limita a vincular el origen del dinero con una venta inmobiliaria efectuada en Miami, en Estados Unidos, en el año 2015, por valor de más de 4 millones de dólares, "aportando información contradictoria e incompleta" sobre la operación.

En este punto, Anticorrupción señala a una cuenta abierta por el matrimonio en el Banco Santander y en la que habrían recibido "fondos del exterior, de Italia y de Estados Unidos". El origen de este último sería, supuestamente, la venta de este inmueble.

El Consejo de Ministros aprobó en 2018 su entrega a Estados Unidos por hechos ocurridos entre 2011 y 2013. Según la acusación que pesaba sobre él, en esos años se asoció con un grupo de funcionarios de alto nivel de la petrolera para solicitar sobornos a vendedores y empresas que hacían negocio con ésta a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y cobro en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Las ganancias obtenidas habrían sido blanqueadas mediante una serie de complejas transacciones financieras internacionales y, en algunos casos, con inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Entre las empresas afectadas por esta práctica delictiva figuran algunas radicadas en el estado de Texas.

CANALIZABA EL DINERO DE SOBORNOS HACIA TERCEROS

Precisamente, la Fiscalía recuerda en su escrito que el delito antecedente al delito de blanqueo investigado en España se encuentra descrito en el contenido del procedimiento seguido en el distrito sur de Texas, en el que se investiga entre otros a Roberto Enrique Rincón.

"Existe una acusación formal contra Rafael Ernesto Reiter, en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Roberto Enrique Rincón ha reconocido ante las autoridades de aquel país los hechos de los que se le acusan", recuerda el Ministerio Público.

En esta línea, Anticorrupción destaca que tanto en el escrito de acusación de la Fiscalía Norteamericana, como en la orden de detención internacional emitida por las autoridades de los Estados Unidos se hace referencia a que Reiter canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros, describiendo como uno de estos
pagos de sobornos un condominio recibido a nombre de una compañía
controlada por un familiar del propio Reiter.

El Ministerio Público concluye que ese familiar no sería otro que su mujer, Vanessa Yssea, "quien recibió en una cuenta bancaria de Italia, los ingresos provenientes de la venta de este inmueble en Miami".

LAS OTRAS TRES PIEZAS DE PDVSA

En esta causa, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Numero 3, Tardón indaga en distintos tipos de delitos en torno a la petrolera venezolana. En la pieza 1 la magistrada investiga los hechos denunciados en una querella formulada por PDVSA contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.

PDVSA apunta a la existencia de una "organización criminal" formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo "diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito" que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades, según recuerda la juez.

La querella se dirige contra el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado; los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el ex gerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.

En una segunda pieza, Tardón indaga en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela", como Corpoelec.

En este caso, la denuncia señala al ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres y José Trinidad Márquez y Katilin Miguelina Mijares, así como a diversas personas jurídicas vinculadas a ellos.

Y, por último, en la tercera pieza, Tardón investiga los hechos recogidos en un informe de octubre de 2018 firmado por la UDEF que señala la existencia de "una nueva operativa sospechosa de blanqueo de capitales" que habría sido realizada por Villalobos para lavar "fondos de ciudadanos venezolanos procedentes de la corrupción y el fraude" en PDVSA.