Anticorrupción pide al juez que procese a 27 personas por la presunta venta irregular de armas de Defex a Angola

Apunta delitos de corrupción, fiscales, malversación, apropiación indebida, blanqueo, falsedad documental y organización criminal

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que termine la instrucción de la causa que investiga relativa a la presunta venta irregular de armas a Angola por parte de la empresa semipública Defex S.A y que abra procedimiento abreviado contra 27 personas y cuatro sociedades, entre ellas la citada empresa dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa.

La Fiscalía considera que de la investigación se desprenden serios indicios de delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, delito de malversación de caudales públicos, delito de apropiación indebida, delito de blanqueo de capitales, delito de falsedad documental, y delito de organización criminal.

Por ello pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que continúe las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado (paso previo a la apertura de juicio oral) contra un total de 27 personas y las sociedades Defex S.A, Comercial Cueto 92 S.L y Global Reach S.A.

En la causa se investiga el presunto desvío de fondos de Defex por un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, a pesar de que su capital pertenece en un 51 por ciento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

OPERACIÓN 'ANGOLA'

Las investigaciones de la bautizada como operación 'Angola' comenzaron en el año 2012 cuando las autoridades luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas. Precisamente el juez imputó a las dos sociedades por concertarse para hacerse con la adjudicación del contrato.

Durante la instrucción de la causa, el juez apuntó que directivos de ambas empresas también investigados en el procedimiento, se concertaron con funcionarios angoleños para, a través del contrato de suministro de material a la Policía, llevar a cabo una apropiación patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde paraísos fiscales.

El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.

Tras el aviso de Luxemburgo, el fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex, entre ellos el expresidente de la misma José Ignacio Encinas Charro.

En el marco de las pesquisas también imputó al exdirectivo de Defex Ángel María Larumbe; al directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarria; y a la esposa de Cueto, Yciar de Iraola. Igualmente citó como investigada a la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del antiguo miembro de los servicios de inteligencia Francisco Paesa, por su implicación en el presunto blanqueo de las cantidades derivadas del contrato investigado.

LIQUIDACIÓN DE DEFEX

Con motivo de la investigación vigente, el pasado mes de septiembre el Gobierno autorizó la disolución y liquidación de esta sociedad mercantil, constituida en 1972 y participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y un 49 por ciento por empresas privadas.

Su objetivo social era la promoción y exportación de bienes y servicios españoles, concretamente, material de defensa, policía y seguridad, protección civil, bomberos, equipamiento sanitario y hospitalario, equipamiento de puertos y aeropuertos, obra civil y minería.