Anticorrupción pide que el TSJ impute por prevaricación a la portavoz del PP de Asturias en el caso Hulla

Formó parte de la corporación que de forma "arbitraria" dio los terrenos para la residencia investigada por fraude en subvenciones

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que eleve exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para investigar por un presunto delito de prevaricación a la actual portavoz del Partido Popular en el parlamento asturiano, la aforada María Teresa Mallada de Castro, por su participación en el llamado 'caso Hulla'.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía pide que para preservar la unidad de la causa, junto a ella sean investigados en el TSJ todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller que entre 2008 y 2013 aprobó la compra y cesión de terrenos a Montepío para que construyese una residencia de ancianos que fue levantada con una subvención pública de 31 millones de euros y acabó gestionada por una empresa y explotada también como hotel.

Anticorrupción quiere que se investigue en este grupo también al presidente de Montepío, José Antonio Postigo, quien se habría concertado con otras personas para el desarrollo fraudulento del proyecto de la residencia, pues ya desde finales de 2007 tendría "la plena seguridad" de que se iba a financiar con cargo a los fondos mineros, que se haría en terrenos que aún no eran ni suyos ni urbanizables, que no se destinaría a fines benéficos y que el Ayuntamiento de Aller "no pondría obstáculo alguno".

De hecho, antes de que se propusiera (2008) y aprobase (2009) la subvención de 31 millones de euros que concedió el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al geriátrico, en la corporación en la que estaba Mallada de Castro ya se había adquirido y cedido gratuitamente la finca principal al Montepío, se habían iniciado los trámites para recalificar el terreno, se había concedido la licencia de construcción "de manera verbal y arbitraria" y se habían iniciado las obras.

YA SABÍAN QUE IBA A SER UN HOTEL

Todo, cuando "no fue incoado expediente administrativo alguno para la compra ni para la cesión gratuita de la finca, ni se incorporaron los documentos e informes preceptivos" y "se obviaron inmotivadamente los desfavorables" elaborados por "los funcionarios más cualificados de la corporación", levantando sus salvedades "por unanimidad y amparándose en un supuesto informe externo que lo avalaba" y que la Fiscalía define como "imaginario", ya que "ningún concejal lo vio ni supo explicar autoría, ni si era de naturaleza económica, jurídica, u otra".

"La patente grosería en la aprobación de tales acuerdos no habría obedecido más que a criterios de oportunidad política de todos los representantes públicos municipales. De hecho, varios de ellos lo han reconocido expresamente, por lo que antepusieron su voluntad a la ley", concluye la Fiscalía, que ha tomado declaración a distintos miembros de la corporación a lo largo de las últimas semanas.

Lo habrían acordado además, sabiendo "desde principios de 2008 de los planes para su explotación futura como hotel abierto al público con ánimo de lucro" aunque la subvención que recibiría Montepío era para otros fines. Fue la misma corporación la que permitió que estando la licencia de obra a nombre de esta entidad de interés público, la de explotación se otorgase a la mercantil que habría creado "ad hoc" el propio Montepío.

LIDERAZGO SOBRE LOS 'POPULARES'

Concluye que "todos los concejales" sin distingos por grupo parlamentario "habían decidido aprobar todos los actos que fueran necesarios" para que la construcción se levantase en su Concejo, al margen de "cualquier impedimento jurídico" o advertencia, incluída Mallada de Castro, que votó a favor en todos los acuerdos y tuvo además un "papel de liderazgo e iniciativa" al ser portavoz del PP, según declararon ante el juez los concejales 'populares'.

"Además, la aforada María Teresa Mallada de Castro formaba parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras e Infraestructuras, lo que la colocaba en una situación privilegiada para tener conocimiento de los problemas urbanísticos existentes", añade el escrito al juzgado.

Junto a ella, se pide que sean investigados todos los miembros de la Junta de Gobierno y del Pleno del Ayuntamiento de Aller, incluido el alcalde Gabriel Pérez Villalta, así como los representantes del Montepío, como José Antonio Postigo, en tanto habrían influido "decisivamente en las acciones y omisiones municipales".