Se sustenta en el conocido como caso 'cuadernos de la corrupción' de Argentina
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra Isolux Corsán y su cúpula directiva durante los años 2008 a 2015 por el presunto pago de comisiones ilegales a una asociación ilícita dirigida por el expresidente de Argentina Néstor Carlos Kirchner y la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, para conseguir en 2007 la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica en Río Turbio (Argentina).
Según explica la Fiscalía en un comunicado, la querella va dirigida contra la entidad Grupo Isolux Corsán y contra los que fueran sus responsables en España. En concreto, el expresidente Luis Delso --imputado en el 'caso Pujol' y a quien en el 'caso Gürtel' se le apuntó como el posible 'Luis, el cabrón', después de que Álvaro Pérez 'el Bigotes' dijera que le "bautizó" así por una deuda--, el vicepresidente, consejero delegado y director financiero durante el periodo señalado.
Anticorrupción explica que las acciones no se dirigen contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal en Argentina, dado que ya están procesados y pendientes de juicio en ese país.
COMISIONES VINCULADAS A LA CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
La querella se sustenta en la investigación llevada a cabo por la justicia argentina en el conocido como caso 'cuadernos de la corrupción', según la cual durante los años 2003 a 2015, varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían constituido una asociación ilícita, dirigida por Kirchner y su mujer, dedicada al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas.
Anticorrupción señala que, según el juez a cargo de esa investigación, "entre los años 2008 a 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares".
La investigación ha apuntado que, aunque esas entregas se ejecutaron por los responsables locales de Isolux, fueron "autorizadas" por la matriz española que, además, transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello desde España.
El Ministerio Público recuerda en su comunicado que, además del normal ejercicio de sus funciones, la acción de la Fiscalía Anticorrupción se dirige a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España tras la ratificación en el año 2000 del Convenio de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales hecho en París el 17 de diciembre de 1997.