Anticorrupción replica al juez de Púnica que en Valdemoro hubo "expolio con pocos precedentes" e insiste en investigarlo

Consideran que el auto del juez García Castellón "es incongruente" y que incurre en "un error" al computar los años de prescripción

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez que investiga el 'caso Púnica' de dejar fuera de la instrucción todos aquellos contratos y adjudicaciones en la localidad madrileña de Valdemoro previos a 2004, alegando que en dicho municipio que entonces gobernaba el 'popular' Francisco Granados se produjo un "expolio con pocos precedentes".

Así lo reflejan las fiscales de la causa en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que han remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que solicitan la reapertura de la investigación para los años comprendidos entre 1999 y 2004, después de que el pasado 14 de enero el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, rechazara practicar diligencias sobre ese periodo al considerar prescritos los hechos.

En su auto, el juez señalaba que los hechos estarían en todo caso prescritos, al tiempo que advertía a los fiscales de que el 'caso Púnica' no podía convertirse en una causa general ni en una investigación prospectiva.

Anticorrupción solicitaba entonces información sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, las obras realizadas por el Ayuntamiento de esa localidad en el periodo comprendido entre 1999 y 2014 por importes superiores a 100.000 euros, y las adjudicaciones de contratos para construir viviendas protegidas, también durante los mismos años.

EL JUEZ "NI SE MOLESTA EN CONCRETAR" LOS HECHOS PRESCRITOS

En su escrito, la Fiscalía lamenta que García Castellón, cuando queda poco plazo para el cierre de esta instrucción, dé por prescritos hechos que "ni se molesta en concretar" en su auto y que al tomar esta decisión, desconecta unas actividades delictivas previas a la aprobación del PGOU en 2004 "constitutivas de delitos continuados de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohechos, malversaciones y prevaricaciones".

Para el Ministerio Fiscal, todos los hechos anteriores y posteriores a la tramitación del plan urbanístico de Valdemoro "obedecían a un solo plan "que era la venta fraudulenta de parcelas públicas a la trama". Resaltan que esto supuso "un expolio con pocos precedentes".

En el escrito, recuerdan además que se trata de una organización criminal y que en los delitos continuados, los hechos "computarán desde el día que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta". En este punto, señalan que en algunas de las infracciones investigadas "ni siquiera se ha eliminado la situación ilícita".

Y van más allá al señalar que el auto del juez García Castellón "es incongruente" y que incurre en "un error manifiesto al realizar el cómputo de los años de prescripción". Esto lo fundamentan en que si para este tipo de delitos la prescripción es de 15 años, estos deben contar de 2014 hacia atrás --y no desde 2020--, porque las diligencias previas se abrieron en julio de 2014.

INDEFENSIÓN DE LA FISCALÍA

Por otro lado, el Ministerio Fiscal, apunta en su escrito que denegar la diligencias que presenta sobre 'Púnica' produce indefensión de la Fiscalía y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, aseguran al juez instructor que no pretenden investigar hechos nuevos sino conseguir pruebas sobre hechos investigados en la pieza de urbanismo.

"El auto recurrido ha dejado la investigación de la pieza de urbanismo en una situación de total inseguridad jurídica e incertidumbre, que la Sala debe despejar, declarando que los hechos relativos a las actuaciones investigadas en la misma no están prescritos", aducen.

Por todo esto, instan a que el auto del juez García Castellón quede sin efecto y se permita a la Fiscalía Anticorrupción abrir las diligencias interesadas. También instan a que se declare que los hechos investigados "no están, a priori, prescritos".